El gobierno argentino ha elevado su voz de protesta ante la continua detención de ciudadanos argentinos en Venezuela, exigiendo la liberación inmediata de Nahuel Gallo, gendarme argentino, y de todos los demás connacionales que se encuentran privados de su libertad de manera injusta. Esta demanda se produce en un contexto de creciente preocupación por las acciones del régimen venezolano.
Recientemente, Pablo Carrasco fue detenido junto a ciudadanos de España y Bulgaria, aunque posteriormente fue liberado. Sin embargo, el caso de Germán Darío Giuliani, quien se encontraba en Venezuela desde abril, ha sumado tensión, tras ser confirmada su detención por las autoridades venezolanas.
La Cancillería Argentina emitió un comunicado condenando enérgicamente lo que describe como un “proceso sistemático de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones generalizadas de los derechos humanos” en Venezuela. Esta declaración refleja la gravedad con la que Argentina percibe la situación de los derechos humanos en el país sudamericano.
Además de la exigencia de liberación, el gobierno argentino ha anunciado que intensificará las denuncias penales internacionales contra Diosdado Cabello, un alto funcionario chavista, y contra todos aquellos responsables de lo que califica como crímenes de lesa humanidad. Se busca que la Corte Penal Internacional intervenga con urgencia ante estas acusaciones.
Según la Cancillería, Diosdado Cabello lidera una “maquinaria represiva” que utiliza el miedo, el secuestro, la desaparición forzada y el hostigamiento familiar como herramientas de control. El gobierno argentino denuncia que estas prácticas se llevan a cabo con el amparo institucional y la complicidad de las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia del Estado venezolano, afectando tanto a ciudadanos argentinos como a personas de otras nacionalidades.
El gobierno argentino ha calificado este patrón de represión como una forma de “terrorismo de Estado”, debido a su carácter sistemático, intimidatorio y arbitrario. Ante esta situación, reafirma su compromiso de impulsar todas las acciones necesarias para asegurar que estos crímenes no queden impunes y que los responsables enfrenten la justicia internacional.
Finalmente, el gobierno argentino reitera su recomendación a los ciudadanos argentinos de no viajar a Venezuela, dada la inestable situación política y de seguridad en el país.