Cristian Girard, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), ha expresado su inquietud respecto a la reciente comunicación del gobierno de Javier Milei sobre un “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”. Girard enfatiza que, a pesar de los anuncios, no se han efectuado cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes en la provincia.
Según Girard, las medidas anunciadas carecen de la claridad y seguridad jurídica necesarias, asemejándose más a una promesa electoral que a una política tributaria sólida. El director de ARBA considera que estas acciones podrían ser un intento desesperado por acumular reservas en el contexto de la liquidación de la cosecha gruesa.
Hasta el momento, las únicas acciones concretas han sido la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. Este último permite a los contribuyentes declarar únicamente ingresos y gastos deducibles, sin necesidad de detallar variaciones patrimoniales.
Girard advierte que el plan podría interpretarse como un mecanismo de blanqueo encubierto, facilitando la legalización de fondos no declarados. Sin embargo, subraya que la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero permanece intacta, dejando a los contribuyentes en una situación legal ambigua.
En relación con el impacto en la provincia de Buenos Aires, Girard asegura que ARBA continuará operando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control. Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos e Inmobiliario, no se verán afectados por estos anuncios, y la fiscalización se mantendrá firme.
El director de ARBA también manifiesta su preocupación por el mensaje confuso que pueden generar estos anuncios. Insiste en que, mientras no exista una norma sancionada por el Congreso, la situación sigue siendo incierta. Si un contribuyente adhiere al régimen utilizando fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente. No se trata de una amnistía ni de un nuevo orden fiscal, sino simplemente de una menor supervisión por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de ARCA.
Finalmente, Girard reafirma el compromiso de ARBA de garantizar el cumplimiento tributario utilizando las herramientas legales disponibles. El objetivo es asegurar que aquellos con mayor capacidad económica contribuyan de manera justa, permitiendo la financiación de políticas públicas que beneficien a toda la sociedad.