La reciente designación de Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Control de Auditoría y Gestión del Senado argentino, bajo la administración de la vicepresidenta Victoria Villarruel, ha generado una ola de controversia. Gestoso Presas, un exmilitar, se vio implicado en un incidente relacionado con la presunta destrucción de pruebas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina.
En mayo de 2008, según informes de la Agencia Noticias Argentinas, Gestoso Presas, en ese entonces jefe de la Compañía de Inteligencia 5, habría ordenado la incineración de dos libros de guardia pertenecientes al Hospital Militar de Salta. Estos registros documentaban nacimientos ocurridos entre las décadas de 1970 y 1990, un período crucial marcado por la apropiación ilegal de menores durante el régimen militar.
La potencial relevancia de estos documentos para investigaciones sobre apropiación de menores era innegable. Sin embargo, la orden de destrucción no se concretó gracias a la intervención del capitán Silvio Manino, quien, en lugar de cumplir la orden, optó por conservar los libros y entregarlos al Ministerio de Defensa. Este acto condujo a una denuncia penal y a un sumario interno.
En 2014, el Tribunal Oral Federal de Salta dictaminó que Gestoso Presas y Carlos Fernando Tozzeto Arias, entonces director del hospital, no habían cometido delitos de lesa humanidad. Ambos fueron sobreseídos debido a la prescripción de la acción penal. A pesar de esta resolución judicial, ambos individuos fueron posteriormente pasados a retiro.
La designación de Gestoso Presas, formalizada mediante el decreto 0306/25, ha provocado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y diversos sectores de la sociedad civil. Argumentan que este nombramiento representa una contradicción directa a los principios de memoria, verdad y justicia que han guiado las políticas públicas argentinas desde el retorno a la democracia.
Este episodio se suma a otras acciones y declaraciones de la vicepresidenta Villarruel que han suscitado controversia, incluyendo propuestas relacionadas con el predio de la ex Esma, un emblemático sitio de memoria reconocido por la UNESCO. Críticos señalan que estas acciones reflejan una tendencia a minimizar la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura y a relativizar la importancia de la memoria histórica.
La designación de Gestoso Presas reaviva un debate fundamental sobre el compromiso del Estado argentino con las políticas de derechos humanos y la necesidad de preservar la memoria histórica frente a cualquier intento de negacionismo o revisionismo.