Un reciente anuncio del gobierno sobre un aumento salarial para los médicos residentes del prestigioso Hospital Garrahan ha desatado una ola de controversia y descontento entre los trabajadores de la institución. El gobierno comunicó que, a partir del 1 de julio, los salarios de los médicos residentes alcanzarían los $1.300.000. Sin embargo, esta declaración ha sido recibida con escepticismo y rechazo por parte de los empleados del hospital.
Según los trabajadores, el anuncio gubernamental es engañoso y excluye a una gran mayoría del personal del hospital. Representantes gremiales agrupados en ATE señalan que más del 90% de los trabajadores, incluyendo diversas profesiones y oficios dentro del hospital, no se verían beneficiados por este supuesto aumento. Esta situación, lejos de resolver el conflicto laboral existente, lo agrava significativamente.
Ante esta situación, los gremios han convocado a una asamblea general para el próximo martes, con el objetivo de definir acciones de protesta. Se barajan medidas de fuerza como paros y movilizaciones para exigir una solución integral a la problemática salarial que afecta a la mayoría del personal del Hospital Garrahan.
La controversia se centra en la disparidad de criterios y la falta de claridad en la aplicación del aumento. Mientras el gobierno afirma que el aumento está dirigido a los residentes no sindicalizados, los trabajadores denuncian que la oferta no ha sido comunicada oficialmente y que se basa en información no confirmada. Además, cuestionan que el empleador directo de los residentes es el Ministerio de Salud de la Nación, y no la administración del hospital.
Una médica residente de pediatría, Azul Santana, ejemplificó la situación, explicando que su salario actual es de $797.000 mensuales y que, incluso con los aumentos por mérito y antigüedad, no alcanzaría el millón de pesos. Además, destacó las extensas jornadas laborales, que oscilan entre 60 y 70 horas semanales, incluyendo guardias rotativas.
El conflicto salarial en el Hospital Garrahan pone de manifiesto la necesidad de una revisión integral de las condiciones laborales y salariales de todo el personal, y la urgencia de un diálogo transparente y efectivo entre el gobierno y los representantes de los trabajadores para alcanzar una solución justa y equitativa.