Un fallo judicial reciente ha asestado un golpe significativo al gobierno de Javier Milei, específicamente a su intento de restringir el derecho a huelga a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025. La Justicia laboral ha suspendido los artículos clave de este decreto, que buscaba imponer limitaciones al derecho a huelga en sectores críticos como el transporte, la educación y la salud.
La jueza Moira Fullana, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de la Capital Federal, dictaminó en favor de la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La CGT argumentó que el decreto de Milei representaba una clara violación de la libertad sindical y del derecho a huelga, derechos protegidos tanto por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como por la Constitución Nacional Argentina.
El núcleo del argumento judicial reside en la premisa de que una reforma del régimen legal de huelga no puede ser implementada a través de un DNU. Según la jueza, este tipo de modificaciones requiere un debate y aprobación legislativa en el Congreso Nacional, el órgano constitucionalmente designado para la creación de leyes.
El fallo subraya que la Constitución Nacional otorga al Congreso la función legislativa exclusiva. Si bien reconoce la facultad del Poder Ejecutivo de emitir decretos en situaciones de necesidad y urgencia, esta facultad está sujeta a condiciones estrictas y formales. La jueza Fullana cuestionó si las circunstancias actuales justificaban el uso de facultades excepcionales por parte del Poder Ejecutivo.
El DNU 340/2025 buscaba ampliar la definición de “servicios esenciales”, incrementando así la cantidad de actividades en las que se debía garantizar un nivel mínimo de funcionamiento durante una huelga. El decreto establecía que, en el caso de servicios esenciales, se debía asegurar un funcionamiento de entre el 75% y el 50% del servicio normal.
La CGT, en su presentación judicial, alegó que el decreto violaba el principio republicano de división de poderes y el derecho a la libertad sindical. La central obrera solicitó la suspensión inmediata de la aplicación de los artículos cuestionados hasta que se dictara una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.