En un giro reciente en el juicio que lo involucra, el pastor evangélico Roberto Tagliabue, acusado de trata de personas con fines de explotación laboral, privación ilegal de la libertad y ejercicio ilegal de la medicina, declaró durante tres horas, negando rotundamente las acusaciones en su contra.
Tagliabue, defendido por el abogado Mauricio Varela, participó en la audiencia de forma remota desde la cárcel federal donde se encuentra detenido desde hace casi tres años. Durante su declaración, detalló la doctrina que se practicaba en su templo, la función social que desempeñaban y la capacitación que recibieron a través de cursos para abordar tratamientos contra las adicciones.
El pastor insistió en que ninguna persona era privada de su libertad y que todos los asistentes entraban y salían del lugar voluntariamente. También aclaró que el diezmo no era obligatorio y que el dinero no se guardaba en el templo debido al riesgo que representaba para las personas con problemas de adicción.
Tagliabue negó la existencia de un régimen de castigos y explicó que, durante el primer mes y medio del programa de recuperación de adicciones, los participantes no debían tener contacto con familiares o amigos. Ante una pregunta específica, afirmó que cualquier persona que no estuviera de acuerdo con las normas podía abandonar el programa.
La fiscal Laura Mazzaferri mantiene la hipótesis de que Tagliabue acogía a las víctimas en un hogar frente a su vivienda y las obligaba a realizar tareas de mantenimiento y limpieza en la iglesia, el hogar, un almacén y una forrajería, además de la venta ambulante y la limpieza en otros domicilios.
Por su parte, la defensa argumenta que la acusación es una “construcción ficticia, basada en interpretaciones erróneas, prejuicios ideológicos y una lectura descontextualizada de una realidad social profundamente dolorosa”. Según el abogado Varela, las personas acudían al templo por su propia voluntad, buscando ayuda, y no hubo encierro ni coacción.
El abogado defensor sostiene que el juicio se centra en un referente social al que se intenta convertir en chivo expiatorio, criminalizándolo por ocupar un rol que el Estado ha dejado vacío. Argumenta que se le acusa por no encajar en los moldes tradicionales, por ser pastor y pobre, por hablar de fe y no de técnica, y por no responder a estructuras políticas ni económicas.
Tras la presentación del testimonio de una víctima denunciante, el Juez Roberto Falcone anunció que la próxima audiencia se llevará a cabo el lunes 9 de junio.