Mar del Plata se encuentra en el centro de la controversia tras una serie de cortes de ruta llevados a cabo por organizaciones sociales y políticas. Estas acciones, desencadenadas por la ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema, han generado un profundo malestar, especialmente ante la proximidad del fin de semana largo.
La protesta más reciente, un bloqueo total de la Ruta 2, ha provocado la indignación del Intendente Guillermo Montenegro. A través de sus redes sociales, Montenegro expresó su frustración, acusando a los manifestantes de “tomar de rehén a Mar del Plata” y de “joder a la ciudad”. Su mensaje reflejó la creciente preocupación por el impacto negativo de estas medidas en el turismo y la actividad económica local, especialmente en un momento crucial como el fin de semana largo.
Los cortes de ruta no se limitaron a Mar del Plata, sino que se extendieron a otras vías importantes de la provincia de Buenos Aires. En el caso de General Pueyrredon, la decisión de bloquear la Ruta 2 afectó directamente el flujo de vehículos que se dirigían o regresaban de la ciudad costera, generando congestión y retrasos significativos.
Los líderes de las organizaciones que participaron en las protestas justificaron sus acciones argumentando que se trata de una respuesta necesaria ante lo que consideran una injusticia. Afirmaron que la situación amerita una movilización masiva y que no pueden permanecer pasivos ante lo que perciben como una amenaza a la democracia y al futuro del país. “Nadie puede quedarse en su casa ante semejante injusticia, cuando lo que está en juego es la democracia y el futuro de nuestra patria”, declararon algunos dirigentes.
Sin embargo, la postura de los manifestantes choca frontalmente con la de las autoridades locales y muchos residentes de Mar del Plata, quienes ven en los cortes de ruta una medida perjudicial que afecta gravemente la vida cotidiana y la economía de la ciudad. La obstrucción del acceso a la ciudad no solo dificulta el traslado de los residentes, sino que también impacta negativamente en el turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la región.
La tensión entre los manifestantes y las autoridades se mantiene elevada. Mientras que los primeros se muestran firmes en su determinación de continuar con las protestas hasta que se revierta la situación que denuncian, el Intendente Montenegro ha reiterado su llamado a que se respete el derecho a la libre circulación y se eviten acciones que perjudiquen a la ciudad. “No jodan a la ciudad”, enfatizó el Intendente, reflejando el sentir de muchos marplatenses.
La situación plantea un desafío complejo para las autoridades, que deben equilibrar el derecho a la protesta con la necesidad de garantizar el orden público y el normal funcionamiento de la ciudad. La resolución del conflicto parece depender de la capacidad de las partes para encontrar un punto de encuentro que permita expresar las demandas sin afectar de manera desproporcionada a la comunidad local.