Un largo y sinuoso camino judicial llegó a su fin, doce años después de un controvertido procedimiento en una gomería. Lo que comenzó como una inspección rutinaria se transformó en un caso de corrupción policial, manipulación de pruebas y abuso de autoridad. Tres oficiales de policía han sido finalmente condenados e inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos, tras un juicio abreviado en el Tribunal Oral Criminal N°2.
El Incidente Inicial: Inspección y Secuestro Irregular
La mañana del 11 de octubre de 2013, un equipo policial, en conjunto con inspectores municipales, se presentó en una gomería ubicada en la calle Libertad, entre Primero de Mayo y Marconi. En un acto que posteriormente se demostró como un abuso de poder, despojaron al propietario, Walter Sánchez, del libro de registro de la mercadería. Acto seguido, procedieron al secuestro de un considerable número de bienes: 348 cubiertas, 45 llantas de alta gama usadas y 148 llantas usadas.
Desviación de la Ley: Falta de Justificación y Violación de la Custodia
La investigación, llevada a cabo por la fiscalía de Delitos Económicos y el abogado Horacio Mariano Ayesa, representante del damnificado, reveló que el procedimiento carecía de justificación legal. El Ministerio Público Fiscal no había ordenado la inspección ni el secuestro. Los imputados, identificados como Jorge Aguilar (53), María Bruzetta (44) y Juan Carlos Pacheco (55), no solo actuaron sin base legal, sino que también sustrajeron parte de la mercadería secuestrada, violando la cadena de custodia establecida por la ley.
La sentencia judicial detalla la negligencia y la mala praxis de los oficiales: “No controlaron el transporte de aquello que habían secuestrado, no registraron debidamente su ingreso al lugar donde supuestamente lo depositaron, no constituyeron mediante la resolución administrativa correspondiente en depositario judicial a persona alguna para que esta quedase en custodia de lo entregado, no controlaron el transporte de la mercadería de un destino a otro ni indicaron documentalmente que vehículos y personas haría tal labor”.
Falsificación de Actas y Encubrimiento
Para colmo de males, Aguilar y Bruzetta redactaron un acta de intervención y allanamiento que contenía información falsa. En dicho documento, se dejaba constancia de la presencia de dos inspectores municipales que nunca participaron en el operativo. Además, afirmaron que los elementos presentes en el local carecían de documentación respaldatoria, a pesar de que la documentación estaba debidamente asentada en el libro de registro. Para añadir más confusión, indicaron que el traslado de la mercadería al predio de Santa Paula estaba a cargo de la Municipalidad, cuando en realidad, la responsabilidad recaía sobre ellos.
Cohecho: Pagos Regulares a Cambio de Favores
El acuerdo presentado al Juez Alexis Simaz reveló un esquema de corrupción más amplio. Se comprobó que, hasta abril de 2017, Pacheco y otros efectivos no juzgados en esta ocasión, recibieron regularmente sumas de dinero de la persona que administraba un local ubicado en las inmediaciones de las calles Tucumán y San Lorenzo, a cambio de favores y protección.
La Sentencia: Condena e Inhabilitación
El juez desestimó cualquier atenuante de responsabilidad, pero valoró la ausencia de antecedentes penales de los acusados y, en el caso de Pacheco, su estado de salud. Sin embargo, consideró como agravante la magnitud del daño causado.
Jorge Alejandro Aguilar fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua. Para mantener la condena, deberá fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar trabajos no remunerados en una institución de bien público, además de donar dos millones de pesos a un hospital o institución pública relacionada con la salud física o mental.
María del Valle Bruzetta fue hallada coautora penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, falsedad ideológica de instrumento público y autora penalmente responsable del delito de falso testimonio, recibiendo la misma pena. También deberá fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados.
Finalmente, Juan Carlos Pacheco fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, falsedad ideológica de instrumento público y autor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo, a la pena de tres años de prisión e inhabilitación perpetua.
El Juez ordenó un relevamiento técnico en el domicilio ofrecido por Pacheco para determinar si es apto para la implementación del sistema de control electrónico, otorgándole la prisión domiciliaria.