La asistencia a las zonas afectadas por las devastadoras inundaciones en Bahía Blanca y otros distritos del sur de la provincia de Buenos Aires ha tomado un giro inesperado. El Presidente Javier Milei ha ejercido su derecho a veto sobre la ley que buscaba crear un fondo de 200 mil millones de pesos para paliar los efectos de la catástrofe. Esta decisión, formalizada a través del Decreto 552/2025 publicado en el Boletín Oficial, ha generado controversia y debate sobre la mejor manera de abordar la emergencia y la responsabilidad fiscal del gobierno.
Argumentos del Ejecutivo para el Veto
El gobierno justifica su veto argumentando la existencia de un mecanismo similar ya en funcionamiento. Según el decreto presidencial, el Suplemento Único de Reconstrucción (SUR), establecido mediante el Decreto 238/2025, ya proporciona subsidios de hasta 3 millones de pesos por vivienda afectada. El Ejecutivo sostiene que la nueva ley es innecesaria y podría poner en riesgo la estabilidad de las cuentas públicas, un pilar fundamental de su política económica.
Desde la Casa Rosada se enfatiza que el Congreso habría llegado “tarde” con la propuesta legislativa, creando un fondo que, según su perspectiva, ya está operativo. Además, se subraya la importancia de mantener la meta de déficit cero, una prioridad para la administración Milei. Se afirma que ya se han transferido más de 100 mil millones de pesos a municipios afectados, incluyendo Bahía Blanca, Zárate, Campana y Coronel Rosales.
Reacción Legislativa y Local
La ley vetada había sido impulsada por una amplia coalición de legisladores de Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal y otros bloques, obteniendo un respaldo casi unánime en ambas cámaras del Congreso, con la notable excepción de los representantes de La Libertad Avanza. La normativa preveía ayuda directa a las familias damnificadas, así como la financiación de obras de infraestructura y mejoras hídricas, todo ello bajo la supervisión de la Jefatura de Gabinete.
El veto presidencial ha sido recibido con frustración y decepción por los vecinos afectados y los intendentes de los municipios damnificados, quienes consideran que los fondos asignados hasta el momento son insuficientes para cubrir las necesidades de reconstrucción. La controversia se centra en la percepción de que la urgencia de la situación requiere una respuesta más robusta y coordinada, mientras que el gobierno prioriza la disciplina fiscal.
La Controversia en Coronel Rosales
Un punto específico de controversia se centra en la inclusión de Coronel Rosales en el programa de asistencia. El decreto presidencial señala que la inclusión de este municipio resulta “de imposible cumplimiento”, ya que la zona de asistencia se delimitó basándose en informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, que identificaron a Bahía Blanca como la más afectada. La Agencia Federal de Emergencias respaldó esta decisión, detallando que se relevaron 66 barrios de la ciudad.
Un Debate en Curso
La situación en Bahía Blanca y las zonas aledañas sigue siendo crítica. Cientos de familias aún no han podido regresar a sus hogares, y la reconstrucción de la infraestructura dañada es un proceso complejo y costoso. El veto presidencial ha exacerbado el debate político sobre la asignación de recursos y la prioridad de las necesidades de los damnificados frente a las restricciones presupuestarias.
La controversia plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de asistencia existentes y la necesidad de una mayor coordinación entre el gobierno nacional, las autoridades provinciales y los municipios afectados. Mientras tanto, la población local continúa enfrentando las consecuencias de las inundaciones, a la espera de una solución que les permita recuperar sus vidas y reconstruir sus comunidades.