Japón Aplica la Pena Capital al “Asesino de Twitter”: Un Caso que Sacudió la Sociedad
El sistema judicial japonés ha ejecutado a Takahiro Shiraishi, tristemente célebre como el “asesino de Twitter”, tras su condena por el horrendo asesinato y desmembramiento de nueve jóvenes en 2017. La ejecución, llevada a cabo mediante ahorcamiento, marca la primera aplicación de la pena capital en Japón desde el año 2022, según informes de medios locales como NHK y Kyodo News, que citan fuentes gubernamentales. Si bien el Ministerio de Justicia no ha emitido una confirmación inmediata, se ha anunciado una conferencia de prensa inminente para abordar el asunto.
Shiraishi, de 34 años, fue sentenciado en 2020 después de declararse culpable de los atroces crímenes que cometió entre agosto y octubre de 2017. Sus víctimas, compuestas por ocho mujeres y un hombre, tenían edades comprendidas entre los 15 y los 26 años. El modus operandi de Shiraishi consistía en contactar a estas personas a través de Twitter (ahora conocida como X). La investigación judicial reveló que las víctimas expresaban tendencias suicidas en la plataforma, y Shiraishi se ofrecía falsamente a ayudarlas a concretar sus deseos. Con engaños, las atraía a su residencia en la ciudad de Zama, en la prefectura de Kanagawa, donde las asesinaba brutalmente y posteriormente desmembraba sus cuerpos.
Durante el proceso judicial, Shiraishi admitió su culpabilidad sin mostrar signos de remordimiento. “Sí, los maté, y no hay duda de eso”, declaró fríamente ante el tribunal. La naturaleza violenta de los crímenes y el uso manipulador de las redes sociales para cazar a las víctimas generaron una profunda conmoción en la opinión pública japonesa.
Los restos desmembrados de las víctimas fueron macabramente almacenados en cajas y refrigeradores dentro del apartamento de Shiraishi. El caso salió a la luz gracias a la denuncia del hermano de una de las víctimas, quien logró acceder a la cuenta de Twitter de su hermana e identificó una conversación inquietante con el acusado.
La Pena de Muerte en Japón: Un Debate Continuo
La pena de muerte en Japón se aplica exclusivamente mediante ahorcamiento y se caracteriza por su secretismo. Los reclusos son notificados de su ejecución apenas unas horas antes de que se lleve a cabo, una práctica que ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos debido a sus efectos perjudiciales en la salud mental de los condenados. La ley japonesa establece que la ejecución debe realizarse dentro de los seis meses posteriores a la sentencia firme, aunque en la práctica suelen transcurrir varios años.
En diciembre de 2023, el Ministerio de Justicia informó que había 107 personas en el corredor de la muerte en Japón. Estos detenidos permanecen en régimen de aislamiento durante largos períodos, sin conocer la fecha de su ejecución. Amnistía Internacional ha advertido repetidamente que “la incertidumbre permanente constituye una forma de tortura psicológica”.
Japón, junto con Estados Unidos, es uno de los dos países del G7 que aún conservan la pena de muerte. Sin embargo, la sociedad japonesa muestra un apoyo considerable a esta práctica. Una encuesta gubernamental de 2024 reveló que el 83% de los encuestados considera que la pena capital es “inevitable” para ciertos crímenes.
La ejecución previa a la de Shiraishi tuvo lugar en 2022, cuando Tomohiro Kato fue ejecutado por un ataque con vehículo y cuchillo perpetrado en el distrito de Akihabara en 2008, que causó la muerte de siete personas. En ese momento, Kato declaró a la policía: “Vine a Akihabara a matar. No importaba a quién”.
Entre las ejecuciones más notables en la historia reciente de Japón se encuentra la de Shoko Asahara, líder de la secta Aum Shinrikyo, y 12 de sus seguidores en 2018. Estos individuos fueron responsables del ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, que causó la muerte de 14 personas y dejó a más de 5.000 afectados.
Repercusiones y Debate
El caso de Shiraishi ha reabierto el debate sobre la pena de muerte, el uso de las redes sociales para la captación de víctimas vulnerables y la necesidad de una mayor vigilancia sobre contenidos relacionados con el suicidio en internet. La ejecución ha atraído la atención de los medios y de organizaciones de derechos humanos, que insisten en la necesidad de una mayor transparencia en el sistema penal japonés. La sociedad se enfrenta a la dura realidad de la vulnerabilidad en el mundo digital y la necesidad de proteger a los individuos que buscan ayuda en línea.