La ciudad de Tandil enfrenta un problema creciente: el ruido excesivo y las peligrosas carreras ilegales de motocicletas. Ante esta situación, que ha escalado hasta incluir incidentes violentos y trágicos, el gobierno municipal ha tomado medidas para abordar esta problemática de manera más contundente.
La administración del Intendente Lunghi, en respuesta a la creciente preocupación ciudadana, ha elevado al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza con el objetivo de prevenir, controlar y reducir la contaminación acústica. La iniciativa busca abordar el impacto negativo de los ruidos molestos y las conductas temerarias de algunos motociclistas, protegiendo así la salud pública y la tranquilidad de los vecinos. El punto central de la propuesta es tipificar estas acciones como delitos penales, elevando la severidad de las sanciones.
Mayor poder a los jueces de faltas: Órdenes de allanamiento para combatir el flagelo
El objetivo principal de esta nueva normativa es dotar a las autoridades comunales de herramientas más eficaces para controlar los ruidos nocivos, la contaminación ambiental y los riesgos a la integridad física de conductores, peatones y agentes de control. Se busca establecer un marco legal local que permita a los jueces de faltas municipales emitir órdenes de allanamiento, una medida que se considera crucial para disuadir y combatir estas prácticas imprudentes.
Esta iniciativa busca proteger los intereses colectivos de los vecinos frente a las consecuencias perjudiciales del tránsito irregular y las conductas que infringen las normas. Se pretende que, al elevar estas infracciones a la categoría de delitos penales, se logre un mayor impacto en la prevención y disuasión de estas conductas.
Alejandra Marcieri, secretaria de Protección Ciudadana, afirmó que la nueva norma busca complementar la legislación existente en el tratamiento de ruidos molestos, manejo temerario y picadas en la vía pública, problemas que afectan a Tandil y a otras localidades. Explicó que actualmente estas conductas se consideran contravenciones, y solo en algunos casos pueden ser tipificadas como delito penal. La ordenanza busca llenar ese vacío legal, permitiendo que estas acciones pasen a la órbita penal, con el objetivo de velar por la salubridad pública.
La funcionaria también destacó que la nueva normativa permitirá acompañar procesos que involucren allanamientos, secuestros e incluso la detención de personas que cometan este tipo de acciones en la vía pública, generando desorden público generalizado. En los casos en que los infractores no se detengan ante los controles, se podrán utilizar herramientas tecnológicas como registros fílmicos (de particulares, redes sociales o del centro de monitoreo municipal) para identificar a los responsables. Con este material, junto con un informe policial, los juzgados de faltas podrán actuar y librar órdenes de allanamiento o secuestro del vehículo utilizado en la infracción.
Reunión con autoridades policiales y concejales
Marcieri y el subsecretario del área, Juan Ibáñez, presentaron el proyecto ante concejales de la comisión de derechos humanos, género, garantías y seguridad del Concejo Deliberante, así como a autoridades policiales. El objetivo fue brindar detalles de la propuesta y responder a las preguntas y dudas que pudieran surgir.
El comisario inspector Roberto Landoni, jefe departamental de Tandil, expresó su apoyo a la iniciativa, afirmando que dotaría a la policía de una herramienta fundamental para actuar sobre estas nuevas prácticas. Considera que permitiría llevar a cabo otro tipo de tarea de manera más inmediata, con otro tipo de intervención y con consecuencias más significativas para los infractores.
Landoni también señaló que las faltas suelen ser la antesala de delitos penales, por lo que atacar la comisión de estas infracciones podría minimizar o favorecer la prevención de delitos más graves.
Un fallo judicial como precedente
Durante la presentación del proyecto, los funcionarios comunales detallaron el marco jurídico que sustenta la norma, las facultades de la justicia de faltas municipal y la jurisprudencia consultada. Destacaron un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que tiene jurisdicción en Tandil, en el que se confirmó la potestad de ordenar allanamientos por parte de un Juez de Faltas por razones de salubridad, lo que refuerza la viabilidad legal de la propuesta.