Demanda Millonaria Tras Demolición Errónea: Confunden Hogar Familiar con Búnker de Drogas

Un error devastador ha desatado una batalla legal en la ciudad de General Pueyrredón. Una familia, víctima de la demolición de su hogar, exige una compensación que supera los 200 millones de pesos tras ser confundida su vivienda con un punto de venta de drogas, un supuesto ‘búnker’. El incidente, ocurrido hace dos años y medio, ha dejado profundas cicatrices y ha puesto en tela de juicio los procedimientos municipales.

Los damnificados, representados por el abogado Raúl Fernández, han presentado una demanda formal contra el intendente Guillermo Montenegro, la Municipalidad de General Pueyrredón y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La acción legal, radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N°2, busca resarcir los daños sufridos tras la destrucción injustificada de su propiedad.

El fatídico 24 de enero de 2023, un operativo conjunto entre autoridades municipales y la policía bonaerense culminó con la demolición de la vivienda, ubicada en la calle Chacabuco al 8900. Según los demandantes, la intervención se llevó a cabo sin previo aviso, impidiéndoles rescatar sus pertenencias antes de que las máquinas arrasaran con su hogar. La familia insiste en que no se les permitió recuperar nada antes de la demolición.

“Resulta inaudito el proceder del intendente que dio la orden de destrucción de mi hogar”, expresaron los demandantes. “En ese domicilio no se vendía droga y no contamos con antecedentes policiales ni causas judiciales de ningún tipo. Trabajamos honestamente. Fuimos arrancados de nuestro hogar, viendo cómo se demolía nuestro hogar de toda la vida”, lamentaron.

La familia también denunció que, a pesar de sus reiterados intentos de obtener una explicación y una solución por parte de las autoridades municipales, sus reclamos fueron sistemáticamente ignorados. “Hemos recorrido el poder judicial, fiscalías y juzgados y al día de la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta ante semejante hecho de violencia institucional, ya que no había orden de ningún juez ni denuncia de ningún fiscal para llevar adelante semejante atropello”, aseguran.

Según la demanda, los intentos de comunicarse directamente con el Intendente fueron infructuosos, siendo derivados a asesores que, según los demandantes, intentaron minimizar la gravedad del error. Como paliativo, la Municipalidad otorgó un subsidio mensual de setenta mil pesos durante seis meses, una suma considerada insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la familia y mucho menos el alquiler de una nueva vivienda.

Paradójicamente, los demandantes reconocen que funcionarios municipales admitieron el error, ofreciéndoles en compensación el permiso de uso y ocupación de una parcela en el barrio Alto Camet por un período de cinco años. Sin embargo, esta solución plantea nuevos interrogantes: “Tenemos que edificar y tendríamos que ir nuevamente con nuestra familia a la deriva, ¿por qué debemos de entregar la misma a la Municipalidad nuevamente ya que es de su propiedad?”, se preguntan, evidenciando su frustración.

Para la familia, esta oferta de terreno es una admisión tácita de culpabilidad por parte de la Municipalidad. “Si fuera como sostienen, que en mi hogar el cual fue derrumbado y demolido se vendía estupefacientes, ¿por qué les otorgarían un terreno a vendedores de estupefacientes?”, cuestionan.

La demanda enfatiza la falta de una ordenanza municipal que autorice la demolición de supuestos ‘búnkeres’ de droga, argumentando que la acción llevada a cabo contra su propiedad fue ilegal y arbitraria. “La forma en que actuaron hacia nuestra persona, nuestra familia y nuestro hogar demoliendo algo que no correspondía, deja ver la forma de actuar por parte del Municipio, que está derribando propiedades privadas por el solo hecho de estar en un barrio precarizado”, denuncian.

Los demandantes argumentan que tanto la Municipalidad como la provincia de Buenos Aires incumplieron su deber de proteger sus bienes y causaron un daño patrimonial irreparable. Exigen ser indemnizados por el derrumbe de su hogar, los gastos derivados de la privación de su propiedad y el daño moral sufrido. La suma total reclamada asciende a 211.592.937 pesos, desglosados en 168.832.937 pesos por daño emergente, 12.760.000 pesos por lucro cesante y 30.000.000 pesos por daño moral.

Además de la indemnización, los demandantes solicitan que se actualice la demanda con los índices correspondientes, que se les conceda el beneficio de litigar sin gastos y que la Municipalidad se haga cargo de los alquileres abonados por la familia hasta que se dicte sentencia. En caso de un fallo adverso, se reservan el derecho de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.