Una reciente decisión judicial ha puesto nuevamente en el centro de la atención a Helacor SA, la empresa detrás de la popular cadena de heladerías Grido. La Cámara Federal de Casación Penal ha revocado el sobreseimiento que beneficiaba a los directores de la compañía, ordenando que sean sometidos a juicio oral por la grave acusación de asociación ilícita fiscal.
La resolución, adoptada por mayoría en la Sala IV del tribunal, con los votos favorables de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, contrasta con la disidencia del juez Diego Barroetaveña. Esta decisión judicial marca un giro significativo en el caso, después de que el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba había dictaminado el sobreseimiento de Oscar Lucas Santiago (p), Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago en agosto de 2024.
El tribunal cordobés, compuesto por las juezas Noel Costa y Carolina Prado (en mayoría) y Fabián Asís (en minoría), había justificado su decisión basándose en la Ley de Blanqueo 27.743 y su decreto reglamentario 608/2024, impulsados por el gobierno de Javier Milei. Argumentaron que, al ser la ley penal más benigna para los acusados, debía aplicarse retroactivamente, lo que llevó a la extinción de la causa.
Sin embargo, esta interpretación no fue compartida por la Cámara de Casación. La investigación en curso apunta a la existencia de una organización dedicada a la comisión de delitos fiscales durante el período comprendido entre 2007 y 2012. Las maniobras ilícitas, según la acusación, involucraban diversas etapas del negocio, desde la producción y distribución hasta la comercialización de helados, alcanzando incluso a las franquicias vinculadas a la marca Grido.
Cabe destacar que los imputados ya se habían acogido a un régimen de blanqueo anterior, el 26.860, durante el gobierno de Alberto Fernández, realizando un depósito de 2 millones de dólares ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en concepto de “estimación de ventas omitidas”.
El Recurso Fiscal y la Decisión de Casación
El Fiscal General Carlos Gonella impugnó el sobreseimiento dictado por el TOF2, argumentando que la Ley 27.743 no contempla el delito de asociación ilícita fiscal. En su recurso, Gonella sostuvo que la inclusión de este delito a través del decreto reglamentario representa una “injerencia indebida” del Poder Ejecutivo, alterando el alcance original de la ley. Además, enfatizó que el delito de asociación ilícita fiscal carece de un contenido patrimonial específico que pueda ser regularizado mediante un blanqueo de capitales.
La Sala IV de la Cámara de Casación coincidió con el planteo del Fiscal General. El juez Hornos recordó que las amnistías fiscales previas habían excluido expresamente este tipo penal, argumentando que su daño es “indeterminado” y no se limita a un perjuicio estrictamente económico. El tribunal también resaltó que el decreto reglamentario solo contempla el delito de asociación ilícita fiscal en casos donde la imputación esté directamente relacionada con obligaciones tributarias incluidas o canceladas en su totalidad, una situación que no se verifica en el expediente de Helacor SA.
En su voto en minoría, el juez Barroetaveña defendió el sobreseimiento, argumentando que las leyes de blanqueo deben interpretarse de manera amplia, priorizando su objetivo de “paz social” y el incremento de la recaudación fiscal. Además, señaló que la normativa no excluye de manera explícita el delito de asociación ilícita fiscal.
El Futuro del Caso
Con la revocación del sobreseimiento, los directivos de Helacor SA deberán enfrentar ahora el juicio oral por la acusación de haber integrado una asociación destinada a cometer delitos fiscales de forma “habitual” e “indeterminada”. Esta figura delictiva, según la Cámara de Casación, no está alcanzada por los regímenes de regularización impositiva.
El desarrollo del juicio oral será crucial para determinar la responsabilidad de los acusados y esclarecer las presuntas maniobras ilícitas que se les imputan. El caso de Helacor SA ha generado gran expectativa debido a la popularidad de la marca Grido y a la relevancia de las acusaciones de delitos fiscales.