Un fallo judicial sin precedentes ha resonado en la provincia de San Luis, marcando un hito en la lucha contra la violencia digital. Diego Oliveri ha sido condenado a dos años y tres meses de prisión efectiva por difundir, sin el consentimiento de su expareja, Gabriela Fernández Aberastain, un video íntimo que ella le había enviado durante su relación. La investigación reveló que, tras la ruptura, Oliveri viralizó el material con el objetivo de extorsionarla.
El caso no solo involucró a Oliveri. Tatiana Yacarini, otra expareja del acusado, también fue señalada como cómplice en la difusión del video. Sin embargo, Yacarini logró evitar la condena a través de una reparación económica a la víctima, siendo finalmente absuelta.
La sentencia, calificada como “histórica” por el abogado querellante Santiago Olivera Aguirre, sienta un precedente importante en la protección de la intimidad y la prevención de la violencia digital. Tras la lectura del veredicto, Oliveri fue trasladado al penal del Servicio Penitenciario Provincial para cumplir su condena.
Los hechos se remontan a abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19. Oliveri, quien ya poseía el video grabado un año antes, aprovechó la situación de vulnerabilidad y el mayor uso de las redes sociales para difundir las imágenes. La víctima relató las amenazas que recibía de Oliveri, quien, en ese momento, mantenía una relación con Yacarini. “Me decía que iba a mandarle todo a la mujer, que es mala y los iba a difundir”, declaró Aberastain.
El impacto de la difusión del video fue devastador para Gabriela Fernández Aberastain. La joven de 41 años se enteró de la viralización de las imágenes de la manera más cruel: un mensaje anónimo llegó a la cuenta de Instagram de su hijo de 9 años, Ulises, invitándolo a ver el contenido. Afortunadamente, gracias al control parental en el teléfono de su hijo, Aberastain pudo evitar que el niño viera el video. “Tenía control parental y me salió al toque. Gracias a Dios no lo miró”, relató.
La situación se agravó aún más debido al aislamiento social obligatorio. El video se propagó rápidamente a través de Facebook, grupos de WhatsApp e incluso en páginas pornográficas, exponiendo a Aberastain a una humillación pública sin precedentes. “Se echaron la culpa, fue producto de la mente macabra de ellos. Era una saña para que la gente se burle de mí”, afirmó la víctima, describiendo el calvario que vivió.
La presión social fue tan intensa que incluso se le sugirió a Aberastain que retirara a su hijo de la escuela. “Me invitaron a que sacara a mi pequeño de la escuela porque era una vergüenza” que la vieran después de la publicación del video, recordó con dolor.
Por su parte, Diego Oliveri negó algunas de las acusaciones, alegando que “no todo lo que se dijo fue cierto” y que él nunca grabó el clip. También se quejó del “rumbo mediático” que tomó el caso, sugiriendo que existía una intencionalidad detrás de la cobertura. Sin embargo, sus argumentos no fueron suficientes para convencer al tribunal, que finalmente lo condenó por el delito de difusión no consentida de material íntimo, un acto que causa un daño irreparable a la víctima y que ahora, gracias a esta sentencia, espera sentar un precedente para la protección de la intimidad en el ámbito digital.