La Municipalidad también deberá indemnizar por el robo de una moto secuestrada

Un fallo reciente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ha ampliado la responsabilidad en un caso de robo de una motocicleta secuestrada, involucrando no solo a la Provincia de Buenos Aires, sino también a la Municipalidad de General Pueyrredon. Esta decisión revierte parcialmente una sentencia previa y establece que ambas entidades deberán compensar al propietario del vehículo sustraído mientras se encontraba bajo custodia oficial.

El incidente se remonta a 2019, cuando una motocicleta Honda Storm fue incautada durante un control de tránsito. El vehículo fue trasladado al depósito municipal destinado a resguardar los rodados retenidos. Sin embargo, al momento en que el propietario intentó recuperarla, se descubrió que había sido robada.

Detalles del Fallo Judicial

En la instancia inicial, el juez Marcelo Fernández, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2, había dictaminado que únicamente la Provincia era responsable, basándose en que la Policía Bonaerense tenía la custodia del vehículo. No obstante, tras la apelación, los jueces de la Cámara, Alfredo Méndez y Ricardo Monterisi, determinaron que la Municipalidad también debía asumir responsabilidad.

El fallo argumenta que la Municipalidad de General Pueyrredon no implementó las medidas de seguridad adecuadas para prevenir el robo de la motocicleta. Al ser responsable del depósito, se le exigía un deber de vigilancia y conservación que no cumplió. El tribunal, integrado por Diego Ucín y Roberto Mora, enfatizó que la responsabilidad de la comuna se deriva del hecho de que administra el depósito donde se guardan los bienes secuestrados, hasta que se ordene su devolución. No es suficiente, según el tribunal, argumentar que el predio estaba bajo vigilancia policial para eximir a la administración local de su responsabilidad.

Participación Municipal en los Hechos

Los jueces de la Cámara destacaron la “significativa participación de los funcionarios municipales en los acontecimientos” que dieron origen a la disputa legal. Señalaron que la Municipalidad “desplegó y asumió a su cargo la inicial conducta administrativa consistente en la detención del vehículo, el posterior labrado de las actas de infracción y la disposición de la orden de secuestro preventivo”.

Implicaciones de la Decisión

Como resultado, la Cámara extendió la condena a la Municipalidad, manteniendo el monto fijado en primera instancia para compensar el valor de la motocicleta y los daños derivados de la imposibilidad de uso. El monto exacto se determinará durante la ejecución de la sentencia. La decisión establece la responsabilidad solidaria de ambas demandadas en la reparación del perjuicio causado al motociclista.

La decisión judicial confirma el derecho del motociclista a ser compensado y amplía el alcance de la condena, estableciendo que la pérdida del bien fue consecuencia de la actuación negligente de ambos niveles de gobierno.

Contexto del Incidente

El incidente original ocurrió el 26 de agosto de 2019, durante un operativo conjunto de la Policía Bonaerense y la Dirección de Tránsito municipal en la costa y la Avenida Libertad, frente a Plaza España. La motocicleta fue secuestrada debido a la falta de documentación requerida por la ley de tránsito.

El propietario pagó las multas correspondientes ante el Juzgado de Faltas N°3. Sin embargo, al presentarse en el depósito de vehículos secuestrados ubicado en Libertad y Tandil, descubrió que nadie sabía nada de su motocicleta. La misma situación se repitió en el depósito de Alberti y Tres Arroyos, lo que llevó al propietario a presentar una denuncia penal en octubre de 2019.

En febrero de 2021, se le notificó una resolución de la Secretaría de Seguridad municipal que indicaba que el vehículo había quedado bajo la guarda y custodia de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) en el predio de Tres Arroyos 2.750. Posteriormente, un informe del personal del depósito reveló que la motocicleta había sido robada en septiembre de 2019, junto con otras cuatro unidades, después de que personas desconocidas ingresaran al predio por la fuerza.