En una jornada legislativa marcada por la tensión y la incertidumbre, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina asestó un duro golpe al gobierno al rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Con una votación contundente de 172 votos en contra y 73 a favor, la Cámara baja logró reunir los dos tercios necesarios para insistir en la sanción de la norma, previamente aprobada por el Congreso.
La decisión de la Cámara de Diputados representa un desafío directo a la política del gobierno en materia de discapacidad y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el país. El rechazo al veto contó con el respaldo de una amplia gama de fuerzas políticas, incluyendo Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal y un sector importante del radicalismo. Esta transversalidad en el apoyo refleja la importancia y sensibilidad del tema para los distintos bloques legislativos.
En un intento por evitar el rechazo del veto, el gobierno, a través de su vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció minutos antes del inicio de la sesión que se evaluaba un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Sin embargo, este anuncio de último momento no logró persuadir a los diputados, quienes mantuvieron su postura y votaron en contra del veto, evidenciando una fractura en las filas oficialistas y aliadas.
Figuras Clave y Cambios de Postura
La votación estuvo marcada por algunos giros inesperados. Diputados como Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano, y Lourdes Arrieta, esta última proveniente del espacio libertario, sorprendieron al dar quórum y votar en contra del veto, dejando clara su posición desde el inicio del debate. Estos cambios de postura, especialmente dentro del bloque oficialista, reflejan la complejidad y las tensiones internas en torno a la política de discapacidad.
Asimismo, cinco integrantes del bloque PRO también se sumaron al rechazo del veto: Karina Bachey (San Luis), Sofía Brambilla (Corrientes), Álvaro González, Ana Clara Romero y Héctor Baldassi. Estos diputados ya habían mostrado diferencias con las alianzas del gobierno, lo que anticipaba su postura en esta votación. La ausencia de Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas también fue notoria, mientras que María Eugenia Vidal se abstuvo, al igual que Gabriela Besana.
Alcance y Objetivos de la Ley de Emergencia
La ley de emergencia en discapacidad, que ahora deberá ser tratada en el Senado, declara la emergencia en la materia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Su objetivo principal es asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, a través de una serie de medidas normativas, institucionales y presupuestarias.
Entre los puntos clave de la ley se encuentran la garantía de partidas presupuestarias para incrementar el pago a prestadores de servicios y saldar deudas con enfermeros, acompañantes y transportistas. También crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, actualiza las asignaciones a talleres protegidos y refuerza los programas de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad). Estas medidas buscan fortalecer la protección social y garantizar el acceso a los derechos de las personas con discapacidad.
El Escenario en el Senado
Tras el rechazo del veto en Diputados, la atención se centra ahora en el Senado, donde el oficialismo enfrenta un panorama aún más desafiante. Para que el veto sea definitivamente rechazado, se necesita nuevamente una mayoría de dos tercios. Sin embargo, en la sesión del 10 de julio, cuando la ley fue originalmente tratada, la Cámara alta la aprobó por unanimidad, lo que sugiere que el gobierno podría sufrir una derrota aún mayor en el Senado. El debate en la Cámara alta será crucial para definir el futuro de la ley de emergencia en discapacidad y el rumbo de la política social en esta materia.