La reciente crisis de suministro de gas que golpeó a Mar del Plata, dejando a miles de hogares en una situación precaria durante los fríos días de julio, ha desatado una ola de preocupación en toda la provincia de Buenos Aires. El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Stigas) ha emitido una severa advertencia, señalando que las deficiencias estructurales dentro de Camuzzi Gas Pampeana, la principal distribuidora de gas en la región, podrían desencadenar interrupciones generalizadas del servicio en numerosas localidades.
Esta situación crítica no es un mero incidente aislado, sino más bien la manifestación de problemas arraigados, incluyendo la falta de inversión sostenida y una alarmante escasez de personal calificado. Ezequiel Serra, secretario general de Stigas Costa Atlántica, enfatizó que si no se implementan cambios sustanciales en las políticas actuales, cualquier ciudad bonaerense podría enfrentar una situación similar durante los picos de consumo.
El sindicato ha detallado que Camuzzi opera con planteles mínimos, lo que resulta en retrasos significativos en el mantenimiento y la ausencia de proyectos de infraestructura necesarios para satisfacer la creciente demanda. En Mar del Plata, por ejemplo, solo hay alrededor de 60 operarios responsables de cubrir la ciudad y sus alrededores. Esta situación se repite en otros distritos, lo que dificulta la respuesta rápida y segura ante cortes masivos.
La falta de inversión se evidencia aún más en la paralización de obras cruciales, como la planta compresora de Las Armas. Esta planta, de haber estado operativa, habría contribuido significativamente a aliviar la presión en el sudeste de la provincia. La dependencia de redes debilitadas y saturadas aumenta el riesgo de que la crisis de Mar del Plata se replique en otras ciudades como Tandil, Necochea, Azul, Balcarce y Ayacucho.
Stigas recuerda que ya en enero había alertado al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) sobre los riesgos de cortes durante la temporada de verano. En ese momento, se destacó que la falta de personal y la precarización laboral a través de la tercerización comprometían la seguridad y la operatividad del servicio. La advertencia se mantiene vigente: si no se toman medidas correctivas, las emergencias se multiplicarán.
El sindicato exige al Enargas, así como a las autoridades provinciales y nacionales, que intervengan para obligar a Camuzzi a revertir esta situación. Esto implica la implementación de un plan de inversión sólido y la contratación inmediata de personal operativo. Stigas argumenta que el gas es un derecho esencial y un servicio público que no puede estar sujeto a la lógica financiera de una empresa que evade su responsabilidad.
La situación actual plantea serias interrogantes sobre la gestión de la infraestructura de gas en la provincia de Buenos Aires y la necesidad de una regulación más estricta para garantizar el suministro continuo y seguro a todos los usuarios. La advertencia de Stigas sirve como un llamado urgente a la acción para evitar una crisis energética a gran escala.