El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha decretado la intervención del Consejo Escolar del partido de General Alvarado, una decisión tomada a raíz de una investigación judicial federal que destapó la falsificación de documentos relacionados con el análisis del agua en una escuela primaria de Mar del Sud. Esta medida drástica busca restablecer la normalidad y la transparencia en la gestión del organismo educativo.
Emanuel Ocaranza ha sido designado por el Ministerio de Educación, liderado por el ministro Alberto Sileoni, como el interventor encargado de supervisar y controlar todas las competencias administrativas y de gestión del Consejo Escolar. Su nombramiento marca un punto de inflexión en la administración educativa local, prometiendo una revisión exhaustiva y una reestructuración de los procesos.
La investigación que condujo a esta intervención se intensificó a finales de agosto, cuando se realizó un allanamiento en las instalaciones del Consejo Escolar. Esta acción judicial, encabezada por el fiscal federal Carlos Martínez, buscaba recabar pruebas y esclarecer las irregularidades detectadas en la gestión del agua potable en las escuelas.
Según la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, la intervención tendrá una duración inicial de 180 días, con la posibilidad de prorrogarse por un período adicional de igual duración. Este plazo permitirá a Ocaranza llevar a cabo una auditoría completa, identificar las fallas en el sistema y proponer soluciones para garantizar la seguridad y la calidad de la educación en General Alvarado.
El interventor Ocaranza, en virtud de la ley 13.688, estará facultado para realizar todas las acciones necesarias para normalizar el funcionamiento del Consejo Escolar. Esto incluye la revisión de contratos, la supervisión de los procesos administrativos y la implementación de medidas correctivas para evitar futuras irregularidades.
El Origen del Problema: La Situación en Mar del Sud
El detonante de esta crisis fue la preocupación por la calidad del agua en el polo educativo de Mar del Sud, que comprende el Jardín de Infantes N° 910, la Escuela de Educación Primaria N° 2 y la Escuela de Educación Secundaria N° 8. Las alarmas se encendieron cuando padres y representantes de la cooperadora de la escuela primaria N°2 denunciaron una posible contaminación del agua que consumían los alumnos, docentes y personal no docente.
Según la denuncia, la contaminación podría estar relacionada con la proximidad del pozo de agua potable a un pozo ciego de materia fecal, una situación que, según los denunciantes, se arrastraba desde 2024. Esta proximidad generaba serias dudas sobre la potabilidad del agua y la salud de la comunidad educativa.
La gravedad de la situación se confirmó cuando se detectaron irregularidades en los análisis del agua. Un informe emitido por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP reveló que las muestras recibidas en febrero de 2025 habían sido manipuladas, utilizando un análisis anterior para falsear los resultados. Esta adulteración de documentos públicos desató una investigación penal y puso en el punto de mira al Consejo Escolar.
Ante la evidencia de la adulteración, la presidenta del Consejo Escolar, Carolina Palacios, presentó una denuncia penal. La investigación judicial busca determinar quiénes fueron los responsables de la falsificación de los documentos y qué motivó esta acción. La intervención del Consejo Escolar es un paso crucial para esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y garantizar que la comunidad educativa de General Alvarado pueda acceder a agua potable segura y a una educación de calidad.