Un caso de violencia de género conmovió a la Ciudad de Buenos Aires y terminó con una condena ejemplar: Miguel Alvidez fue sentenciado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por atacar a golpes y abusar sexualmente de su expareja, apenas 15 días después de que la mujer perdiera a su bebé tras una cesárea de urgencia. La víctima había sido secuestrada y retenida en una vivienda de Ciudad Oculta, en el barrio porteño de Villa Lugano, donde sufrió un calvario de varias horas.
El fallo judicial también alcanzó a los hermanos del agresor, Marta Elizabeth y Juan Ramón Alvidez, quienes fueron considerados cómplices en el secuestro y las agresiones. Según la investigación, la chica fue atacada durante la madrugada del 6 de marzo de 2024, cuando el agresor subió el volumen de la música para tapar sus gritos y la golpeó con brutalidad. Además de las amenazas, intentó asfixiarla y le advirtió que la mataría si denunciaba lo ocurrido.
La situación se agravó cuando el acusado le pidió a su hermano un arma de fuego, con la que intimidó a la víctima. En esas circunstancias, la obligó a ir al baño, la desvistió y la violó, pese a que ella se encontraba en estado de vulnerabilidad tras la intervención. Durante horas permaneció encerrada hasta que finalmente fue abandonada en una plaza. Al regresar a su casa, la joven realizó la denuncia que le dio inicio a la investigación.
El juicio estuvo a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño, integrado por los jueces Pablo Cruz Casas, María Fernanda Botana y Ricardo Baldomar. Se consideró probado que el atacante cometió “privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones leves doblemente calificadas, abuso sexual con acceso carnal, tenencia ilegítima de arma de guerra y amenazas con arma”. Durante un allanamiento, la Policía secuestró el arma utilizada y 130 cartuchos, aunque el acusado intentó escapar por los techos.
En paralelo, los hermanos de Alvidez también recibieron condenas de prisión efectiva: él por suministrar la pistola y ella por participar en la privación de la libertad. El juicio oral y público se desarrolló en una semana y tuvo como eje el testimonio de la víctima, quien declaró sin la presencia de los imputados para evitar su revictimización. La sentencia fue celebrada por el Ministerio Público de la Ciudad, que destacó la importancia de la perspectiva de género y la contundencia de las pruebas presentadas.