El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX, ha manifestado formalmente su desacuerdo con un proyecto de ordenanza que busca establecer un régimen simplificado para la regularización de construcciones no declaradas en el partido de General Pueyrredon. A través de un documento dirigido a la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, la institución colegiada expresó sus objeciones, argumentando que la iniciativa podría vulnerar las incumbencias profesionales de los arquitectos y contravenir normativas municipales y provinciales vigentes.
La principal preocupación del Colegio radica en que el proyecto permitiría la regularización de obras sin la presentación inmediata de documentación técnica respaldada por la firma de un profesional habilitado y el correspondiente visado colegial. Según el Reglamento General de Construcciones, un requisito fundamental para cualquier trámite ante la Dirección de Obras Privadas es la presentación de planos firmados tanto por el propietario como por un profesional matriculado, además del visado del colegio profesional correspondiente. El Colegio de Arquitectos sostiene que la propuesta de ordenanza, al obviar estos requisitos, entraría en conflicto directo con la normativa actual.
Específicamente, el Colegio objeta que la referencia a la cédula catastral firmada por un profesional no puede sustituir el informe técnico detallado y el visado exigido por la normativa. Asimismo, cuestionan que el “certificado municipal” que se otorgaría para formalizar la regularización de una construcción representaría un acto administrativo definitivo carente de sustento técnico adecuado.
El Colegio de Arquitectos advierte sobre las posibles consecuencias negativas de la aprobación de esta ordenanza. En su opinión, el municipio se convertiría en garante técnico de la seguridad de las construcciones, asumiendo una responsabilidad que no le compete. Esta situación, según el Colegio, podría generar reclamos civiles por daños y perjuicios, además de exponer a funcionarios municipales a posibles responsabilidades penales en caso de siniestros relacionados con construcciones regularizadas bajo este régimen simplificado.
Además, el Colegio argumenta que el régimen propuesto crearía una ventaja desproporcionada para aquellos que accedan al trámite simplificado, en detrimento de los profesionales y comitentes que actualmente cumplen con los requisitos y costos asociados a la presentación de planos, visados y aportes previsionales. En esencia, se estaría premiando a quienes no cumplieron con la normativa, perjudicando a quienes sí lo hicieron.
En su comunicado, el Colegio de Arquitectos enfatiza que el rol del Estado debe ser el de velar por la seguridad y salubridad pública, sancionar a quienes infringen la normativa y favorecer a quienes la cumplen. También critican la presunta falta de capacidad operativa de la Dirección de Obras Privadas para gestionar de manera eficiente los trámites existentes.
El Proyecto de Regularización en Detalle
El proyecto de Régimen de Regularización Simplificada de Construcciones no Declaradas, impulsado por la Coalición Cívica, busca abordar la problemática de las ampliaciones o mejoras en viviendas que no han sido declaradas formalmente. Esta situación dificulta las operaciones de compraventa y el acceso a créditos hipotecarios.
El régimen se aplicaría a viviendas unifamiliares con una antigüedad superior a cinco años, cuyos planos estén aprobados o visados, y que hayan sido objeto de modificaciones o ampliaciones no registradas. Se establece un plazo de dos años para adherirse al régimen, con beneficios impositivos proporcionales a la superficie a regularizar. Se contempla la exención total de la Tasa por Servicios Técnicos de Construcción para obras de hasta 50 metros cuadrados, una reducción del 50% para aquellas de entre 50 y 100 metros cuadrados, y la aplicación del régimen general para superficies mayores.
El procedimiento propuesto es más ágil: se requeriría la presentación de la solicitud y la cédula catastral vigente para obtener un certificado municipal que habilite las operaciones de compraventa o hipoteca. Posteriormente, en un plazo de un año, el propietario estaría obligado a completar la documentación técnica para obtener los planos “conforme a obra”.
El expediente se encuentra en debate en la Comisión de Obras del Concejo Deliberante. Los concejales han acordado solicitar informes a las secretarías de Obras y a la de Legal, Técnica y Hacienda. Una vez recibidos los informes, se prevé convocar al Colegio de Arquitectos para analizar en detalle su postura y considerar sus objeciones.