En el corazón del centro, un local de reparación de celulares se ha visto envuelto en una controversia que ha culminado con su clausura temporal. Carolina, la propietaria del establecimiento ubicado en la zona de 20 de Septiembre, entre las calles San Martín y Rivadavia, se muestra consternada y niega rotundamente cualquier implicación con el presunto iPhone robado que desencadenó el operativo policial.
“Somos gente trabajadora y honesta. No tenemos absolutamente nada que ver con ese teléfono”, declara Carolina, visiblemente afectada por la situación. La propietaria insiste en la integridad de su negocio y el compromiso con sus clientes.
Según relata Carolina, la apertura del local se produjo hace apenas un mes, tras una difícil situación personal y profesional. Ella y su socio fueron víctimas de una estafa que los obligó a buscar un nuevo espacio de trabajo con urgencia. “Sufrimos una estafa hace poco más de un mes en nuestra anterior oficina, lo que nos forzó a alquilar este local rápidamente. Si bien el contrato está en regla, aún no habíamos completado el proceso de habilitación debido a las limitaciones económicas”, explica.
El jueves por la tarde, la tranquilidad del local se vio interrumpida por la llegada de personal policial. “Nos informaron que estaban rastreando un iPhone 14 Pro de color grafito que, según sus datos, se había activado en la esquina de San Martín y 20 de Septiembre. Inmediatamente, les permitimos ingresar y realizar una inspección exhaustiva, ya que no tenemos nada que ocultar”, afirma Carolina. La policía revisó minuciosamente todos los dispositivos presentes, las cajas y los registros de clientes, pero, según la dueña, no encontraron rastro alguno del teléfono buscado. “Ese modelo de teléfono nunca ha estado en nuestro taller”, enfatiza.
Carolina señala que la señal del teléfono tenía un radio de detección de aproximadamente 30 metros, lo que sugiere que la activación podría haber ocurrido en cualquier otro local o incluso en alguno de los edificios circundantes. Además, aclara la naturaleza de los servicios que ofrece su negocio: “Nos especializamos en microelectrónica, reparación de placas y cambio de cristales. No realizamos trabajos relacionados con software, desbloqueo de equipos, y mucho menos manipulamos teléfonos robados”.
En cuanto a la clausura del local, Carolina reconoce que aún no contaban con la habilitación municipal completa. “Nos faltaba actualizar el matafuego, realizar el cableado con cable canal y colocar las luces de emergencia. Nuestra intención era cubrir los gastos del primer mes, acondicionar el local y luego completar todos los trámites necesarios”, explica. Un inspector municipal que se presentó en el lugar les sugirió presentarse ante el Juzgado de Faltas el lunes siguiente para regularizar la situación.
La comerciante expresa su profunda preocupación por el daño que este incidente puede causar a la reputación de su negocio. “Apenas llevamos un mes abiertos y esto nos afecta enormemente. Nos ha costado mucho esfuerzo poner en marcha este local, y que ahora se vea empañado por una mala reputación debido a un teléfono con el que no tenemos ninguna relación es sumamente injusto”, lamenta. “No buscamos atajos ni soluciones fáciles. Trabajamos arduamente y nos esforzamos por salir adelante sin perjudicar a nadie”, concluye Carolina, con la esperanza de poder aclarar la situación y recuperar la confianza de sus clientes.