Un incidente alarmante ha conmocionado a la ciudad de Mar del Plata, revelando un caso de violencia extrema que culminó con una joven de 25 años siendo brutalmente agredida y dejada inconsciente. El suceso, que tuvo lugar en una residencia del barrio San Jacinto, ha desatado una investigación policial y judicial que busca esclarecer los detalles de este ataque despiadado.
La denuncia inicial, presentada hace veintiún días, condujo a un allanamiento el viernes pasado, permitiendo a las autoridades notificar formalmente al agresor sobre la causa en su contra por lesiones graves. Además, se ha impuesto una orden de restricción de acercamiento para proteger a la víctima.
Según el relato de la víctima, el incidente se desencadenó el 1 de octubre. La joven se dirigió en un vehículo de la aplicación Uber a la vivienda de un hombre de 48 años, ubicada en la zona de 433 bis al 1200. El encuentro, según se ha revelado, tenía como propósito mantener una relación íntima y consumir sustancias ilícitas. Al llegar al lugar, el imputado apareció acompañado por una mujer quien, sin previo aviso, la agarró del cuello y la arrastró al patio trasero de la propiedad.
En ese lugar apartado, la situación escaló rápidamente a la violencia. El agresor, según la denuncia, propinó múltiples golpes a la joven con un arma de puño, causándole la pérdida del conocimiento. Al recobrar la consciencia, la víctima aprovechó un momento de descuido de la pareja agresora para escapar. Corrió hasta la casa de un vecino, donde solicitó ayuda al número de emergencia 911. La policía acudió al lugar y trasladó a la joven al Centro de Atención Primaria de Salud de Playa Serena, desde donde fue derivada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para recibir atención médica especializada.
Mientras la víctima recibía atención médica y comenzaba un tratamiento para abordar su consumo problemático de estupefacientes, el personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría decimotercera llevó a cabo una serie de investigaciones solicitadas por la fiscal Constanza Mandagarán. Estas medidas, respaldadas por la Justicia de Garantías, permitieron obtener la orden de allanamiento del inmueble.
Durante el allanamiento del viernes, las autoridades confiscaron un revólver marca Detective, junto con cinco municiones del mismo calibre, que no presentaba ningún impedimento legal. El individuo fue notificado formalmente de la apertura de una causa penal por lesiones graves, así como de la orden de restricción de acercamiento dictada por la Justicia de Familia.
A pesar de contar con antecedentes penales por portación de arma de uso civil, robo en grado de tentativa, tentativas de robos reiterados y amenazas, el sujeto fue identificado y puesto en libertad, amparándose en el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.
Este caso pone de manifiesto la problemática de la violencia de género y el consumo de drogas, generando preocupación en la comunidad local y exigiendo una respuesta contundente por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y protección de las víctimas.