En un contexto político marcado por los resultados de las recientes Elecciones Legislativas 2025, donde una fuerza libertaria emergió con un significativo respaldo en la Provincia, la administración municipal liderada por Guillermo Montenegro ha impulsado un proceso de designación particularmente rápido para tres jueces de Faltas en Mar del Plata.
La iniciativa del Ejecutivo municipal ha superado una etapa crucial al ser aprobada en la Comisión de Labor Deliberativa. Esta comisión, caracterizada por su naturaleza privada y la ausencia de transmisión pública de sus deliberaciones a través del canal oficial del Concejo Deliberante, dio luz verde a las propuestas para cubrir las titularidades en los juzgados de Faltas números 1, 2 y 5. El respaldo de los presidentes de los bloques oficialistas en esta instancia allana el camino para que el tema sea abordado en la Sesión Ordinaria del jueves, donde se espera su aprobación definitiva.
Durante la reunión de la Comisión, se llevó a cabo la apertura de los sobres conteniendo las ternas elevadas por el Intendente, de las cuales surgirán los nombres de los futuros magistrados. Estas ternas incluyen a individuos que cuentan con el apoyo del gobierno para ocupar dos juzgados vacantes desde 2018, así como un tercero que quedó disponible tras la jubilación del juez José Luis Oteiza.
Entre los nombres que suenan con mayor fuerza se encuentra el de Franklin Llan de Rosos, proveniente de una familia de abogados con tradición en la ciudad. Llan de Rosos ocupó el cargo de primer secretario de Legal y Técnica de la gestión de Guillermo Montenegro hasta su renuncia en diciembre de 2020. Por su parte, el radicalismo estaría respaldando la postulación de Leandro Gabás, actual presidente del Colegio de Abogados. La tercera posición, correspondiente al juzgado restante, recaería en la abogada María Paula Hernández.
El proceso de designación de los Jueces de Faltas se rige por lo establecido en el Decreto Ley 8751/77. Esta normativa establece requisitos específicos para aspirar al cargo, incluyendo la nacionalidad argentina, una edad mínima de 25 años y la posesión de un título de abogado con una inscripción en la matrícula de al menos tres años. Si bien los magistrados son designados por el Intendente municipal, esta designación requiere el acuerdo previo del Concejo Deliberante, el cual se otorga mediante una mayoría simple de votos de los miembros.
La celeridad con la que el gobierno municipal está impulsando este proceso se explica, en gran medida, por la proximidad del 10 de diciembre, fecha en la que se renovará la mitad de la composición del cuerpo legislativo local. Tras esta renovación, la alianza Pro-UCR perderá la mayoría que actualmente ostenta, gracias al apoyo de la Coalición Cívica. Esta situación política inminente motiva la urgencia por concretar los nombramientos antes de que la correlación de fuerzas en el Concejo Deliberante se modifique.