Un reciente fallo judicial en Mar del Plata ha puesto en tela de juicio la expulsión de un empleado municipal que trabajaba en un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). La justicia consideró “ilegítima” la cesantía impuesta al agente, quien había sido acusado de graves actos de violencia de género. El argumento central de la decisión judicial radica en que la sanción impuesta por la autoridad comunal carecía de una fundamentación suficientemente sólida.
El caso se remonta a 2021, cuando una médica y una enfermera de un CAPS denunciaron a un compañero administrativo por maltrato, en lo que se describió como un caso de violencia de género. A partir de esta denuncia inicial, surgieron otros testimonios que revelaron una situación más compleja. Las investigaciones internas demostraron que el empleado extraía información de contacto de las historias clínicas de pacientes para luego acosarlas. Además, se constató que en algunas ocasiones irrumpía indebidamente en consultorios mientras se atendía a adolescentes.
Tras la acumulación de pruebas y el análisis realizado por la Asesoría Confidencial de la Dirección de Políticas de Género, junto con la intervención de la Instrucción Sumarial y la Junta de Disciplina, el intendente Guillermo Montenegro dictó un decreto en noviembre de 2022 que imponía la cesantía al empleado. Esta decisión fue posteriormente ratificada por otro decreto al año siguiente.
El empleado despedido llevó el caso a la Justicia en lo Contencioso Administrativo, demandando a la Municipalidad con el objetivo de ser reincorporado a su puesto, recibir el pago de los salarios caídos con sus correspondientes adicionales y obtener una reparación por los daños y perjuicios sufridos. Argumentó que la sanción era injusta, ya que no existían pruebas concluyentes de las conductas que se le imputaban y que no se le había brindado la oportunidad de ejercer adecuadamente su derecho a la defensa.
El Fallo Judicial: Ilegitimidad por Falta de Motivación
El juez Simón Isacch, en su fallo, determinó que las actuaciones de los organismos municipales se ajustaron a la normativa vigente y no cuestionó la validez de las pruebas presentadas contra el empleado. Sin embargo, el juez hizo lugar parcialmente a la demanda, declarando ilegítimo el decreto de 2022 y su confirmación de 2023, específicamente “en cuanto impuso la sanción de cesantía sin la motivación suficiente”.
En consecuencia, el juez condenó al Municipio a dictar un nuevo acto administrativo en un plazo de 30 días a partir de la firmeza de la decisión, que determine de manera fundamentada “dentro del razonable marco de discreción” la sanción que considere pertinente, de acuerdo con los términos de la ley 14.656.
El magistrado argumentó que la decisión de expulsar al agente se tomó sin “la fundamentación adecuada”. Señaló que, para el tipo de infracción constatada, existen diversas sanciones posibles, que van desde un llamado de atención hasta la cesantía, pasando por el apercibimiento y la suspensión de hasta 30 días.
“Queda librado al criterio de la administración la graduación de la sanción, en función de la calificación que ella efectúe respecto de la magnitud o gravedad del hecho. Ahora bien, discrecionalidad no significa -de ningún modo- arbitrariedad”, explicó Isacch. “La actividad discrecional no implica que los órganos estatales tengan un ámbito de actuación desligada del plexo normativo o que ella no resulte controlable. La Administración se encuentra vinculada a la ley y al derecho cuando dicta resoluciones concretas, no obstante que éstas eventualmente tengan su origen en potestades discrecionales”.
El juez concluyó que “si la conducta del agente era susceptible de dos sanciones de distinto tipo (suspensión o cesantía), la autoridad accionada debió extremar la exigencia antes mencionada, fundamentando por qué le aplicó la de mayor gravedad. Esa deficiencia de motivación, también torna irrazonable el acto e invalida la sanción aplicada”.
Ahora, la Municipalidad deberá revisar el caso y determinar una nueva sanción. Aunque podría insistir en la cesantía, deberá proporcionar una justificación más sólida y detallada. El tratamiento de las restantes demandas del empleado (reincorporación, pago de salarios caídos y daños y perjuicios) quedará en suspenso hasta que se conozca la nueva sanción. Se espera que la Municipalidad apele el fallo de Primera Instancia, por lo que la sentencia aún no es definitiva.