Desregulación de Aranceles en Colegios Privados: Implicaciones y Perspectivas
La reciente decisión del gobierno nacional de derogar el Decreto 2417, que anteriormente ejercía control sobre los aranceles de los colegios privados que no reciben aportes estatales, ha generado un debate significativo en el sector educativo. Martín Zurita, titular de la Asociación de Institutos Privados de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires (AIEPA), ha ofrecido una perspectiva sobre esta medida, destacando sus posibles beneficios en términos de previsibilidad tanto para las instituciones educativas como para las familias.
Según Zurita, la derogación de este decreto, que data de 1993, representa un ajuste necesario a un contexto educativo que ha evolucionado considerablemente. En aquel año, la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias, impulsada por la Ley Federal de Educación, llevó al Estado nacional a establecer regulaciones para las instituciones privadas no subvencionadas, ante la ausencia de escuelas bajo su directa administración.
Alcance de la Desregulación
Es crucial comprender que esta desregulación afecta específicamente a las escuelas privadas que no reciben subvenciones estatales. Estas instituciones representan aproximadamente el 30% del total de colegios privados en el país, lo que equivale a alrededor de 2000 establecimientos, según datos proporcionados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Struzzenegger. Zurita enfatiza que la medida no impacta a la totalidad de las escuelas privadas, sino únicamente a aquellas que operan sin el respaldo financiero del Estado.
Las escuelas privadas subvencionadas continuarán operando bajo el esquema regulatorio existente, donde cualquier ajuste en los aranceles debe ser autorizado por el gobierno correspondiente. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Dirección de Escuelas, liderada por Alberto Sileoni, es la entidad encargada de aprobar los aumentos de cuotas. Un proceso similar se lleva a cabo en las otras 23 jurisdicciones del país.
Previsibilidad y Estructura de Costos
La principal modificación introducida por la desregulación radica en la eliminación del requisito para las escuelas no subvencionadas de obtener autorización estatal para aumentar sus aranceles. Sin embargo, Zurita aclara que esto no implica una liberalización total de los precios. Anteriormente, estas instituciones debían presentar en septiembre los aranceles que entrarían en vigor en marzo del año siguiente. En un contexto económico caracterizado por la inestabilidad, esta exigencia se había vuelto insostenible.
La derogación de esta norma ha sido un reclamo constante por parte de las instituciones educativas, quienes argumentaban la dificultad de predecir con precisión los costos operativos con tanta antelación. Además de la cuestión arancelaria, la desregulación también simplifica ciertos trámites administrativos internos de los colegios, que anteriormente implicaban la presentación de documentación considerada excesivamente burocrática.
Beneficios para Instituciones y Familias
Zurita destaca que la desregulación proporciona un mayor margen de previsibilidad a las instituciones educativas, permitiéndoles tomar decisiones más informadas y realistas. Este beneficio se traslada también a las familias, quienes podrán recibir información más precisa y actualizada sobre los costos educativos. En lugar de establecer un arancel en septiembre para aplicarlo en marzo, las escuelas podrán elaborar una estructura de costos más realista y comunicar los valores a las familias con mayor cercanía a la fecha de inicio del ciclo lectivo, tal como lo hacen las escuelas subvencionadas en diciembre.
Desafíos Persistentes
A pesar de los beneficios potenciales de la desregulación, Zurita reconoce que el sector educativo privado enfrenta desafíos significativos, especialmente en el contexto de la crisis económica. Los años posteriores a la pandemia han sido particularmente difíciles, y el esfuerzo de las familias por mantener a sus hijos en las escuelas privadas ha sido fundamental para evitar una disminución en la matrícula.
Asimismo, Zurita señala el impacto de la baja natalidad en los niveles maternal, jardín de infantes y primeros años de la primaria. Esta tendencia demográfica, que ya había sido advertida por las instituciones educativas, representa un desafío adicional para las escuelas privadas, que deben adaptarse a un contexto en el que la demanda de plazas en los niveles iniciales está disminuyendo.