El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha dado un paso significativo para movilizar capitales no declarados, comúnmente conocidos como “dólar colchón”. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció el envío al Congreso Nacional de proyectos de ley cruciales para implementar este plan, cuyo objetivo principal es incentivar la reincorporación de estos fondos al circuito económico formal.
La iniciativa se centra en modificar la Ley Penal Económica, ofreciendo garantías jurídicas a aquellos que decidan regularizar su situación. Un aspecto clave es la reducción de los plazos de prescripción para ciertos delitos financieros, acortándolos a dos años, con la finalidad de brindar seguridad jurídica a los participantes durante el actual mandato presidencial. Además, se ajustan los montos mínimos para iniciar investigaciones fiscales y acciones legales, buscando un equilibrio entre la persecución de delitos y la facilitación de la regularización.
Este plan se inscribe en una estrategia gubernamental más amplia para expandir la base monetaria del país sin recurrir a la emisión de moneda. El gobierno busca movilizar recursos ya existentes dentro del país que, hasta ahora, permanecen fuera del sistema financiero formal. Se espera que estos fondos impulsen la inversión y el consumo, contribuyendo a reactivar la economía nacional.
Francos enfatizó que la medida no busca replicar intentos fallidos de regularización del pasado, pero reconoció que la práctica de ahorrar en dólares fuera del sistema bancario es una costumbre arraigada en la sociedad argentina, especialmente desde la crisis económica conocida como el Rodrigazo en 1975. El gobierno se compromete a evitar mecanismos que impliquen nueva emisión monetaria o aumentos en la presión fiscal.
El Jefe de Gabinete argumentó que muchos ahorristas que recurrieron al mercado informal lo hicieron para proteger el valor de sus ahorros ante la inflación y la volatilidad cambiaria, no necesariamente con intenciones delictivas. Por lo tanto, considera necesario que el Estado cree condiciones para que estos fondos puedan ser utilizados sin el temor a sanciones retroactivas, fomentando así su reintegración a la economía formal y contribuyendo al crecimiento del país.