El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha dado un paso significativo para movilizar capital no declarado, conocido popularmente como “dólar colchón”. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció el envío al Congreso Nacional de proyectos de ley clave, diseñados para proporcionar un marco legal sólido a esta iniciativa.
El objetivo central de esta legislación es incentivar a los ciudadanos a reincorporar al circuito económico formal aquellos fondos que se encuentran fuera del sistema, sin exponerlos a futuros litigios legales. Las propuestas incluyen modificaciones a la Ley Penal Económica, buscando brindar garantías a quienes decidan participar en este régimen de regularización.
Uno de los puntos cruciales del proyecto es la reducción de los plazos de prescripción de ciertos delitos económicos. Se propone un plazo de dos años, buscando generar confianza y certeza jurídica durante la administración actual. Adicionalmente, se ajustarán los montos mínimos para iniciar investigaciones fiscales y eventuales acciones legales, adaptándolos al contexto económico actual.
Este plan se inserta en una estrategia gubernamental más amplia, que busca expandir la base monetaria del país sin recurrir a la emisión de nueva moneda. La apuesta es movilizar recursos ya existentes, pero que permanecen inactivos fuera del sistema financiero formal.
El gobierno aspira a que estos fondos contribuyan a dinamizar la inversión y el consumo interno, evitando que permanezcan estancados por temor a posibles sanciones legales. Francos reconoció que la práctica de ahorrar en dólares fuera del sistema bancario es un hábito arraigado en la sociedad argentina, que se remonta a décadas atrás, haciendo referencia a la crisis económica de 1975.
El enfoque principal del gobierno es evitar mecanismos que impliquen la emisión de nueva moneda o el incremento de la presión impositiva sobre los contribuyentes. Se busca, en cambio, ofrecer una vía legal y segura para que los ahorristas puedan reincorporar sus fondos al sistema.
Francos argumentó que muchos de los ahorristas que optaron por el mercado informal no actuaron con intención delictiva, sino motivados por la necesidad de proteger sus ahorros frente a la inflación y la volatilidad del tipo de cambio. Por lo tanto, considera razonable que el Estado facilite las condiciones para que estos fondos puedan ser reutilizados sin el riesgo de sanciones retroactivas, impulsando así la economía nacional.