El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ha oficializado el cierre del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCOM) a través de la Resolución 393/2025, publicada en el Boletín Oficial. Esta decisión marca un cambio significativo en la forma en que el gobierno supervisa y gestiona la asistencia alimentaria en todo el país.
El ReNaCOM, hasta su disolución, funcionaba como una base de datos centralizada que recopilaba información crucial sobre los comedores y merenderos comunitarios que operaban a lo largo y ancho de Argentina. Su objetivo principal era proporcionar una visión general de la infraestructura de asistencia alimentaria, permitiendo un seguimiento más preciso de las necesidades y los recursos disponibles.
Según la resolución ministerial, la supervisión de los comedores se llevará a cabo ahora de manera presencial y mediante la implementación de tecnologías. El gobierno argumenta que este enfoque permitirá una optimización de los recursos públicos y una mejora en la eficiencia de los procesos administrativos. La justificación oficial se centra en la idea de que una supervisión más directa y tecnológicamente avanzada garantizará que la ayuda alimentaria llegue a quienes realmente la necesitan, evitando posibles irregularidades y asegurando una distribución más equitativa.
Sin embargo, la medida ha generado controversia y críticas por parte de diversos sectores sociales y organizaciones comunitarias. Nicolás Caropresi, miembro de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), ha expresado su preocupación por la decisión, argumentando que la gestión de Pettovello ha utilizado información incompleta y, en algunos casos, errónea para justificar el cierre del registro. Caropresi denuncia que se ha estigmatizado al sector, acusando a algunos comedores de ser “fantasmas” sin una verificación exhaustiva de su existencia y funcionamiento real.
Caropresi subraya la importancia del ReNaCOM como una herramienta de seguimiento de la política pública y de las necesidades alimentarias en el territorio. El registro, según él, permitía tener una visión clara de la demanda y de la evolución de la situación social en las diferentes comunidades. Si bien reconoce que el ReNaCOM no tenía una incidencia directa en la asignación de recursos a los comedores, sí proporcionaba información valiosa para la planificación y la evaluación de las políticas alimentarias.
“Si existía la posibilidad de tener un registro, de tener un seguimiento de esa política e, incluso, hasta de tener un seguimiento de valores nutricionales en los platos que se servían, hoy se está generando una oscuridad donde antes se estaba intentando poner algo de luz y claridad”, lamenta Caropresi, destacando la pérdida de transparencia y la dificultad para monitorear la calidad de la asistencia alimentaria.
Además, Caropresi cuestiona la efectividad de las auditorías y visitas a comedores anunciadas por el Gobierno nacional y el Ministerio de Capital Humano. Afirma que estas inspecciones son insuficientes y que solo se ha visitado una pequeña fracción de los comedores existentes en el país. Esta falta de cobertura, según él, pone en duda la capacidad del gobierno para tener una visión real de la situación y para tomar decisiones informadas sobre la distribución de la ayuda alimentaria.
El cierre del ReNaCOM plantea interrogantes sobre el futuro de la asistencia alimentaria en Argentina y sobre la capacidad del gobierno para garantizar que las personas más vulnerables tengan acceso a una alimentación adecuada. La controversia generada por esta medida subraya la importancia de un diálogo abierto y transparente entre el gobierno, las organizaciones comunitarias y la sociedad civil para encontrar soluciones que permitan abordar de manera efectiva el problema de la inseguridad alimentaria.