Argentina Inicia Proceso de Privatización de AySA: Un Nuevo Capítulo para el Suministro de Agua

Argentina Inicia Proceso de Privatización de AySA: Un Nuevo Capítulo para el Suministro de Agua

El gobierno argentino ha anunciado formalmente el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal encargada del suministro de agua potable y el saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y varios partidos del Gran Buenos Aires. Esta medida representa un cambio significativo en la política de gestión de servicios públicos y ha generado un amplio debate en la sociedad.

La privatización se llevará a cabo mediante la venta del 90% del capital accionario que actualmente está en manos del Estado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el esquema adoptado será mixto, combinando una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico con experiencia en el sector y una oferta pública inicial (OPI) para abrir el capital de la empresa a otros inversores, tanto institucionales como minoristas.

El 10% restante de las acciones permanecerá en manos de los empleados de AySA, a través del Programa de Propiedad Participada (PPP). Este mecanismo busca involucrar a los trabajadores en el futuro de la empresa y alinear sus intereses con los de la nueva gestión.

Justificación de la Privatización: Eficiencia y Modernización

El gobierno justifica la decisión de privatizar AySA argumentando la necesidad de modernizar la gestión, mejorar la eficiencia operativa y reducir la dependencia de fondos públicos. Según datos oficiales, desde su reestatización en 2006, AySA ha requerido aportes del Tesoro Nacional por un total de US$13.400 millones. El gobierno alega que, a pesar de esta considerable inversión, la infraestructura de la empresa ha sufrido un deterioro significativo.

Además, se señala que la dotación de personal de AySA creció un 90% durante la gestión estatal, mientras que el nivel de morosidad de los usuarios se incrementó del 4% al 16%. Estos datos, según el gobierno, evidencian la necesidad de un cambio de modelo que permita optimizar los recursos y mejorar la calidad del servicio.

El Proceso de Privatización: Etapas y Regulación

El proceso de privatización de AySA estará regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo encargado de supervisar los mercados de capitales en Argentina. La CNV establecerá los requisitos y procedimientos para la licitación pública internacional y la oferta pública inicial, garantizando la transparencia y la competencia en el proceso.

Se espera que la licitación pública atraiga a empresas de servicios de agua y saneamiento con experiencia internacional, capaces de aportar tecnología, conocimientos técnicos y capacidad de gestión. La oferta pública inicial, por su parte, permitirá a inversores locales e internacionales participar en el capital de la empresa y beneficiarse de su potencial crecimiento.

Críticas y Desafíos

La decisión de privatizar AySA ha generado críticas por parte de sectores de la oposición y sindicatos, quienes argumentan que el agua es un derecho humano fundamental y que su gestión debe estar en manos del Estado para garantizar el acceso universal y la asequibilidad del servicio. También se teme que la privatización pueda llevar a un aumento de las tarifas y a una reducción de la inversión en infraestructura en las zonas más vulnerables.

Uno de los principales desafíos del proceso de privatización será garantizar que la nueva gestión de AySA cumpla con los objetivos de eficiencia, calidad y sostenibilidad, sin comprometer el acceso al agua potable y el saneamiento para todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Será fundamental establecer mecanismos de control y regulación que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas de la empresa privatizada.

El futuro de AySA y del suministro de agua en la región metropolitana de Buenos Aires está ahora en manos del mercado y de la capacidad del gobierno para regular y supervisar el proceso de privatización. El resultado de este proceso tendrá un impacto significativo en la calidad de vida de millones de personas y en el desarrollo económico de la región.