En una sesión reciente del Concejo Deliberante, el bloque oficialista nuevamente impidió el avance de un proyecto de solicitud de informes presentado por la oposición. Este proyecto buscaba obtener detalles precisos del gobierno de Guillermo Montenegro sobre las operaciones llevadas a cabo por la Patrulla Municipal. Argumentando la inexistencia de irregularidades denunciadas ante la Justicia, el oficialismo cerró filas, declarando que no permitirían el avance del expediente.
La iniciativa, impulsada por la concejal Valeria Crespo, surgió a raíz de un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Dicho informe recopilaba diversas denuncias presentadas ante la Justicia, que señalaban posibles delitos cometidos en el contexto de las acciones de la Patrulla Municipal. A pesar de que un proyecto similar ya había sido archivado en marzo por la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, Crespo justificó la presentación de esta nueva solicitud, basándose en la aparición de nuevos elementos de juicio.
El proyecto de informes solicitaba al Ejecutivo detalles específicos sobre varios aspectos clave. Se preguntaba si los operativos con personas en situación de calle se coordinaban con el equipo de Desarrollo Social, si se utilizaban vehículos sin identificación oficial, la cantidad de agentes que integraban el cuerpo y sus condiciones laborales, el tipo de formación o capacitación que recibían, si existían antecedentes de violencia física o verbal hacia ciudadanos, y si los agentes cubrían sus rostros durante los operativos nocturnos.
Durante el debate en comisión, Crespo enfatizó la gravedad de las denuncias y la necesidad de obtener respuestas claras. Sin embargo, la postura del oficialismo fue firme, resolviendo archivar el expediente. El concejal Julián Bussetti, del Pro, defendió el respaldo a la Patrulla Municipal y desestimó las denuncias judiciales, argumentando que se trataba de acusaciones infundadas promovidas por la Comisión por la Memoria.
La respuesta de Crespo no se hizo esperar, señalando que no avalarían acciones que pudieran considerarse violencia estatal y que era su obligación solicitar dichos informes para garantizar la legalidad de los procedimientos. Esta postura pareció aludir a declaraciones previas del intendente Montenegro, quien había afirmado que aquellos que se encuentran fuera de la ley deben ser tratados fuera de la ley.
La UCR, representada por Gustavo Pujato, adoptó una postura similar al Pro, sugiriendo que Crespo llevara las denuncias directamente a la Justicia. Emiliano Recalt, de La Libertad Avanza, aunque apoyó el archivo, manifestó su respeto por el proceso judicial en curso, confiando en que allí se podría obtener información suficiente sobre los operativos.
Eva Ayala, presidenta de la Comisión de Seguridad, cuestionó la falta de transparencia en el accionar de la Patrulla Municipal. Criticó la negación de los encapuchados, refiriéndose a imágenes difundidas por la propia municipalidad donde se observan agentes con el rostro parcialmente cubierto.