Un giro trascendental se ha producido en la causa por contaminación ambiental que involucra a la harinera Coomarpes en Mar del Plata. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ha dictaminado la anulación del acuerdo reparatorio previamente homologado, lo que implica que los directivos de la empresa deberán enfrentar un juicio oral por los presuntos delitos ambientales cometidos.
El acuerdo anulado: Una compensación económica rechazada
El acuerdo en cuestión, que había sido aceptado por el Consorcio Portuario de Mar del Plata, consistía en una propuesta económica de 180 millones de pesos (actualizables) destinada a la finalización de obras cloacales en la zona portuaria. Esta compensación se presentaba como una forma de reparar el daño ambiental generado por el vertido de efluentes tóxicos al mar, evitando así la elevación a juicio oral solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la querella se opuso firmemente a este acuerdo.
Falta de sustento técnico: La razón de la anulación
Los jueces de Casación, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, fundamentaron su decisión en la falta de sustento técnico suficiente del acuerdo. Consideraron que la propuesta de aportar 180 millones de pesos a un tercero para obras de ampliación de la red cloacal no era una medida idónea para resolver el conflicto penal. Además, señalaron la ausencia de certificaciones esenciales por parte de los organismos ambientales competentes.
El origen de la causa: Vertidos tóxicos al mar
La causa se remonta al 25 de febrero de 2016, cuando se produjo un derrame de residuos industriales líquidos tóxicos desde la planta de harina de pescado de Coomarpes hacia la Playa del Puerto, a través del desagüe pluvial. Esta situación generó preocupación por la posible afectación a la salud de los bañistas. La acusación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal y una querella particular, sostiene que la empresa volcaba efluentes sin el tratamiento adecuado y sin las autorizaciones correspondientes, infringiendo la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
Los imputados: Directivos de Coomarpes
Durante la investigación, se imputó por el delito de contaminación peligrosa para la salud pública a varios directivos de Coomarpes, incluyendo su vicepresidente, secretario, vocales, gerente y síndico.
El cuestionado acuerdo: Detalles y controversias
La propuesta de reparación presentada por la defensa de los imputados en 2024 incluía, además de la compensación económica para obras cloacales, mejoras en el proceso productivo y asistencia técnica del INTI. El Consorcio Portuario aceptó recibir los fondos para avanzar con una obra de cloacas que se encontraba paralizada. El acuerdo fue avalado por el fiscal Juan Manuel Pettigiani y homologado por el juez Fernando Minguillón, utilizando la figura establecida en el Artículo 59 del Código Penal, que permite compensaciones económicas para obras de interés comunitario.
Sin embargo, la querella impugnó el acuerdo, argumentando que se había pactado una solución entre personas jurídicas que no eran parte del proceso penal y que no se había acreditado una reparación ambiental integral ni se garantizaba que los hechos no se repetirían.
La postura de la Cámara: Permisos vencidos y falta de análisis técnicos
La Cámara Federal de Casación Penal coincidió con los cuestionamientos de la querella. En su fallo, los jueces destacaron que Coomarpes no contaba con permisos vigentes de vuelco, explotación ni aptitud de obra, y que los expedientes administrativos estaban vencidos o dados de baja. Además, señalaron que los informes de los organismos de control se basaban mayormente en inspecciones visuales, sin análisis completos de muestras ni certificaciones técnicas sobre la calidad del tratamiento de los efluentes. También advirtieron que los niveles de contaminación en los vertidos seguían siendo superiores a los permitidos por la normativa.
La Cámara también objetó la falta de estudios de impacto ambiental y la identificación adecuada de las empresas que se beneficiarían con la obra financiada por Coomarpes, así como la vulneración del derecho a la participación de la querella.
Próximos pasos: Juicio oral y debate garantizado
Con la anulación de la homologación, el proceso penal contra los imputados deberá continuar, dando respuesta al planteo de elevación a juicio oral planteado por el Ministerio Público Fiscal. La Cámara instó a que se garantice el debate con intervención plena de las partes, incluyendo la participación técnica de los organismos ambientales.
El abogado Razona, representante de la querella, celebró la decisión de la Cámara, destacando que se ha ordenado llevar adelante el juicio oral contra los responsables y se ha anulado el acuerdo por carecer de fundamentos técnicos y jurídicos, y por no reparar ni detener la contaminación ambiental.