La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictaminado el cierre definitivo de la causa relacionada con el presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. En una resolución que ha generado controversia, el máximo tribunal confirmó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri, así como el de otros ex funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) implicados en la investigación.
Esta decisión judicial pone fin a una larga batalla legal iniciada tras las denuncias de los familiares de los 44 marinos que perdieron la vida en el hundimiento del ARA San Juan. Las querellas acusaban a la AFI, bajo la administración de Macri, de haber realizado seguimientos ilegales, recopilación de información personal y vigilancia de las actividades públicas de los familiares entre los años 2017 y 2018, mientras estos exigían respuestas sobre la tragedia del submarino.
El fallo, que lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se basa en un defecto formal en los recursos presentados por las querellas, impidiendo así que la Corte analizara el fondo de la cuestión. Esta decisión ha sido recibida con frustración y decepción por parte de los familiares, quienes consideran que se ha negado justicia a sus reclamos.
La investigación preliminar había arrojado indicios de que la AFI, durante la gestión de Gustavo Arribas como director y Silvia Majdalani como subdirectora, habría llevado a cabo tareas de inteligencia sobre los familiares de los tripulantes. Se alegaba que se registraron manifestaciones, misas y otros actos públicos, además de la recopilación de datos personales y el monitoreo de sus actividades en redes sociales.
Junto con Macri, también fueron absueltos Arribas, Majdalani y otros ocho exagentes de la AFI que estaban imputados en la causa. La decisión de la Corte Suprema consolida así el sobreseimiento dictado en instancias inferiores, cerrando la puerta a la posibilidad de un juicio oral y público sobre los hechos denunciados.
Ante la imposibilidad de continuar la vía judicial en el ámbito nacional, los familiares de las víctimas del ARA San Juan han anunciado su intención de llevar su reclamo ante organismos internacionales de derechos humanos. Buscan que se investigue a fondo lo sucedido y se determinen las responsabilidades correspondientes, tanto por el hundimiento del submarino como por el presunto espionaje ilegal.
El caso del ARA San Juan ha sido un tema sensible y doloroso para la sociedad argentina. El hundimiento del submarino en noviembre de 2017 generó una profunda conmoción y puso de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad y equipamiento de las Fuerzas Armadas. La investigación sobre las causas del hundimiento y las responsabilidades políticas y militares aún continúa siendo un reclamo pendiente.
La decisión de la Corte Suprema de cerrar la causa por espionaje a los familiares del ARA San Juan ha reavivado el debate sobre el rol de los servicios de inteligencia y los límites de su actuación. La protección de los derechos fundamentales, como la privacidad y la libertad de expresión, debe ser garantizada en todo momento, incluso en situaciones de crisis o emergencia nacional.
Este caso pone de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de los organismos de inteligencia, así como de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en su accionar. La confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos.