La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías ha ratificado la decisión de elevar a juicio la causa que involucra al ex jefe departamental de policía, José Luis Segovia, y a otros individuos, acusados de integrar una asociación ilícita mixta. Esta organización criminal está presuntamente vinculada al control del mercado ilegal de divisas en la céntrica avenida Luro, así como al desvío de investigaciones judiciales y la protección de delincuentes.
Esta resolución se produce tres meses después de la determinación inicial del Juzgado de Garantías N°1 de llevar el caso a juicio. Los jueces Alfredo Deleonardis y Marcelo Madina, tras un exhaustivo análisis plasmado en un documento de treinta páginas, desestimaron las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas. Adicionalmente, negaron la solicitud de cese de detención de José Luis Segovia, quien permanece recluido en el complejo penitenciario de Batán, siendo el único imputado que continúa bajo esta medida cautelar.
En un giro adicional, la Cámara revocó parcialmente el sobreseimiento por el delito de prevaricato, atendiendo a la solicitud del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, se confirmó el sobreseimiento del ex policía Javier Rubén Collova, quien había sido imputado como partícipe de la asociación ilícita y por encubrimiento. Collova, representado por la abogada penalista Adelina Martorella, había estado a cargo del Gabinete de Robos calificados a viviendas de la DDI.
Junto a Segovia, enfrentarán el proceso judicial Juan Pablo Velázquez, Mauricio Ramírez Armani, Jonathan Sonzogni, Cristian Gari, Lautaro Resúa, Claudio Alaniz, Javier González, Christian Holtkamp, Gastón Moraña, Nicolás Rivademar, Héctor Sosa y Jorge Toletti. La situación procesal de estos imputados, más allá de los sobreseimientos parciales ya dictados, se resolverá en un juicio oral y público, cuya fecha y Tribunal aún están por definirse.
La investigación, llevada a cabo en colaboración con miembros del CATI, sugiere la existencia de una organización delictiva estable y duradera, liderada por Segovia e integrada por el policía Gastón Moraña, los ex oficiales Javier González y Héctor Sosa, el policía federal Nicolás Rivademar, el agente retirado Christian Holtkamp, el ex comisario exonerado Juan Pablo Velázquez, el abogado Lautaro Resúa, y los ciudadanos Javier Toletti y Claudio Alaniz. Se identificó también un segundo grupo, con un rol menos preponderante, en el que se encontraba Javier Collova.
“Una red de acuerdos clandestinos entre uniformados, marginales y delincuentes”
Según los investigadores, la organización criminal logró desviar ciertas investigaciones, induciendo a error a otros fiscales y a la propia Justicia de Garantías. Se alega que, aprovechando su posición como jefe de la DDI y posteriormente de la Jefatura Departamental, Segovia incurrió en diversos actos constitutivos de abuso de autoridad.
Las acusaciones incluyen el control de la compraventa de dólares en la avenida Luro, la complicidad con cambistas y la extorsión a los “arbolitos”, quienes debían pagar cuotas para poder operar. También se imputa el delito de prevaricato al abogado Resúa, quien inicialmente había obtenido una falta de mérito, así como la tenencia ilegal de arma de fuego, detectada durante el allanamiento a la vivienda de uno de los acusados de recaudar fondos para Segovia.
La cuestión patrimonial del jefe
En la solicitud de elevación a juicio, los investigadores señalaron la dificultad de obtener pruebas directas del pago de coimas en casos de corrupción y criminalidad organizada. Sin embargo, destacaron las inconsistencias detectadas en el patrimonio de Segovia, que resultaban incompatibles con sus ingresos como funcionario policial.
Se verificó un aumento patrimonial significativo, un nivel de vida incongruente con sus ingresos declarados y ciertas operaciones económicas que no han podido ser justificadas de manera lícita. Este crecimiento patrimonial, según los investigadores, coincide en tiempo y funcionalidad con los hechos investigados, sugiriendo un circuito de recaudación ilegal estructurado y sostenido bajo el mando de Segovia, proveniente de actividades ilícitas.
Concluyeron que, si bien el dinero producto de las actividades ilícitas pudo no haber sido captado en el momento del intercambio, dejó rastros en cuentas bancarias, bienes, fajos de efectivo y cajas vacías. La disparidad entre ingresos y egresos, la contradicción entre la evidencia contable y las explicaciones de la defensa, y la coincidencia en tiempo, forma y función, transforman la sospecha en prueba.