La tranquilidad de un barrio se vio interrumpida por un acto de violencia que ha llevado a la imputación de un hombre de 34 años. El individuo está acusado de atacar a balazos la vivienda de una mujer, con quien mantenía una prolongada disputa. Las autoridades judiciales han tomado cartas en el asunto, notificándole formalmente la apertura de una causa penal en su contra y estableciendo una orden de restricción de acercamiento para proteger a la víctima.
Los hechos se remontan al pasado 3 de octubre, cuando la denunciante, una mujer de 35 años, alertó a las autoridades sobre la presencia del acusado en las inmediaciones de su domicilio. Según su relato, tras una acalorada discusión, el hombre se retiró del lugar. Sin embargo, minutos después, regresó a bordo de un automóvil y, desde el vehículo, disparó repetidamente contra la fachada de la vivienda.
La investigación policial, liderada por el área de resolución temprana de conflictos penales, avanzó con celeridad. Tras obtener la aprobación judicial, un operativo conjunto fue desplegado este martes en una vivienda ubicada en la calle Romano al 3000. En la acción participaron efectivos de la comisaría decimoquinta, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Infantería. El objetivo era identificar a los moradores y recabar pruebas que pudieran esclarecer los hechos.
Durante el allanamiento, se procedió a la identificación de todos los presentes en la vivienda, incluyendo al principal sospechoso. A pesar de la exhaustiva búsqueda, no se encontraron elementos de interés que pudieran ser directamente vinculados al ataque. No obstante, la diligencia permitió notificar formalmente al individuo sobre la formación de una causa penal en su contra. Los delitos imputados son amenazas, lesiones leves y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, lo que agrava considerablemente su situación legal.
Si bien, por el momento, no se ha dictado una medida restrictiva de la libertad que implique su detención, las autoridades han impuesto una orden de restricción de acercamiento. Esta medida cautelar prohíbe al imputado acercarse a la víctima, a su domicilio o a cualquier otro lugar que frecuente. El objetivo primordial es garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de la mujer, evitando cualquier posible contacto o intimidación por parte del agresor.
Este caso pone de manifiesto la importancia de abordar los conflictos vecinales de manera temprana y efectiva, buscando soluciones pacíficas y evitando que escalen a situaciones de violencia extrema. Las autoridades competentes continúan investigando los hechos para determinar la responsabilidad del imputado y garantizar que se haga justicia.