Un paso significativo hacia la reinserción social y el apoyo educativo dentro del sistema penitenciario se ha dado en la ciudad de Mar del Plata. El Obispo Ernesto Giobando y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Martín Mena, formalizaron un convenio que fortalece el trabajo del Centro Pastoral Universitario (CPU) en la Unidad Penal N° 15 de Batán.
Este acuerdo, de carácter colaborativo, busca optimizar las condiciones para el desarrollo de programas educativos y de acompañamiento dirigidos a las personas privadas de libertad. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se compromete a facilitar los espacios físicos necesarios para la realización de estos talleres y cursos, tanto los existentes como aquellos que puedan surgir en el futuro.
El Centro Pastoral Universitario de Batán se ha convertido en un punto de referencia para los internos, recibiendo semanalmente entre 200 y 300 participantes en sus diversas actividades. Estos internos provienen de diferentes pabellones de la unidad penal, encontrando en el CPU un espacio de aprendizaje, reflexión y desarrollo personal. La labor del CPU cuenta con el firme respaldo del Obispado de Mar del Plata, que ve en esta iniciativa una oportunidad de llevar adelante su misión pastoral en un contexto particularmente desafiante.
El CPU funciona como un centro educativo alternativo dentro del régimen cerrado de la Unidad Penal 15. Se caracteriza por su autogestión, liderada por la Pastoral Carcelaria de la diócesis, y cuenta con el aval y reconocimiento de la Capellanía General del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Esta autonomía permite adaptar los programas a las necesidades específicas de la población carcelaria, fomentando la participación activa y el empoderamiento de los internos.
Desde su creación en 2013, el CPU de Mar del Plata ha ofrecido un espacio dedicado al estudio, la reflexión y el debate dentro del ámbito universitario. El grupo se organiza a través de una asamblea de internos que se rigen por estatutos y cuentan con un consejo directivo. Esta estructura participativa fortalece el sentido de comunidad y responsabilidad entre los internos, promoviendo una cultura de aprendizaje y respeto mutuo.
El convenio establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial brindará asistencia técnica, logística y recursos humanos para el desarrollo de programas vinculados a la prevención de violencias, el trabajo comunitario y la reinserción social. Por su parte, el Obispado pondrá a disposición sus espacios e infraestructura para actividades sociales y educativas, y acompañará especialmente a personas privadas de libertad o en contextos críticos. Esta sinergia entre el Estado y la Iglesia busca maximizar el impacto de las iniciativas de inclusión y reinserción social.
La vigencia inicial del convenio es de dos años, con posibilidad de prórroga mediante acuerdo entre las partes. Desde el Ministerio se ha destacado el papel fundamental de las instituciones religiosas en el tejido social, especialmente en aquellos sectores más marginados. La diócesis marplatense, por su parte, valora la oportunidad de fortalecer su presencia pastoral con el apoyo y las herramientas del Estado, sin perder su identidad comunitaria.
Este acuerdo representa un avance significativo en la búsqueda de alternativas para la reinserción social de las personas privadas de libertad, demostrando que la colaboración entre diferentes actores sociales puede generar un impacto positivo en la vida de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.