El Gobierno ha anunciado oficialmente la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, programadas del 10 al 31 de diciembre. El objetivo principal de esta convocatoria es abordar una serie de proyectos legislativos clave, entre los que destacan las reformas laboral, tributaria y penal, temas de gran relevancia para la administración actual.
La iniciativa más apremiante dentro de esta agenda legislativa es la discusión y aprobación del Presupuesto 2026. Desde la Casa Rosada, existe un fuerte impulso para que este presupuesto sea tratado y aprobado con la nueva composición del Congreso, producto de los recientes comicios legislativos. La aprobación del presupuesto se considera un paso fundamental para establecer una hoja de ruta clara en la planificación del gasto público, una demanda recurrente del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Tesoro de los Estados Unidos, los gobernadores provinciales y diversos sectores de la oposición.
En los años anteriores, el Poder Ejecutivo se vio obligado a prorrogar el presupuesto existente en dos ocasiones. La aprobación del Presupuesto 2026 representaría un punto de inflexión, permitiendo al gobierno contar con una herramienta esencial para la gestión económica y financiera del país.
Las recientes elecciones han modificado significativamente la correlación de fuerzas en el Congreso. A partir de diciembre, el oficialismo contará con una mayor representación parlamentaria. Según estimaciones del entorno de Martín Menem, se espera contar con el apoyo de más de 100 bancas afines en la Cámara de Diputados. En el Senado, se prevé una representación de 18 legisladores, sumado a la posibilidad de alcanzar acuerdos con diversos bloques minoritarios.
La convocatoria a sesiones extraordinarias y la ambiciosa agenda legislativa planteada reflejan la determinación del gobierno de avanzar con reformas estructurales y consolidar una planificación financiera a largo plazo. La aprobación del Presupuesto 2026 se presenta como un objetivo prioritario, en busca de brindar estabilidad y previsibilidad a la economía nacional.
El desarrollo de las sesiones extraordinarias será seguido de cerca por analistas políticos y económicos, dado el impacto que las decisiones tomadas en el Congreso tendrán en el futuro del país. La capacidad del gobierno para construir consensos y lograr la aprobación de las reformas propuestas será clave para el éxito de su gestión.