Afiliados a la obra social de la Policía Federal Argentina (PFA) han expresado su profunda preocupación por la creciente falta de cobertura y los elevados costos que deben afrontar para acceder a servicios de salud. La situación, que se ha deteriorado progresivamente en los últimos meses, ha llegado a un punto crítico, generando frustración y desesperación entre los miembros de la fuerza y sus familias.
Según testimonios recogidos, la obra social estaría prácticamente “cortada” en numerosas farmacias y clínicas, obligando a los afiliados a cubrir de su propio bolsillo gastos significativos en medicamentos, estudios y otras prestaciones médicas. Esta situación es especialmente grave para pacientes con discapacidades o enfermedades crónicas, cuyos tratamientos pueden implicar desembolsos de miles de pesos.
“Parece que no tenemos obra social”, lamentó un familiar de un policía federal, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias. “Tenemos que pagar coseguros, medicamentos y otras prestaciones, y después esperar un reintegro que, con suerte, lo pagan en unos meses”.
En la ciudad de Mar del Plata, se han reportado casos de afiliados que no pudieron ser internados en el Hospital Privado de Comunidad (HPC) debido a la falta de cobertura. La clínica Pueyrredon, que actualmente brinda atención, podría verse afectada por la misma situación en el futuro cercano, según denuncian los afectados.
Los costos de algunos estudios médicos, como resonancias magnéticas, pueden superar los 100.000 pesos, mientras que los medicamentos para pacientes crónicos pueden alcanzar los 100.000 pesos mensuales. La demora en los reintegros, que en algunos casos se extiende hasta seis meses, agrava aún más la situación económica de los afiliados.
Ante la imposibilidad de sindicalizarse y protestar, los policías federales se ven imposibilitados de reclamar formalmente por esta situación. Sus familiares, en cambio, han decidido alzar la voz para exigir una solución urgente. Piden al gobierno nacional que tome cartas en el asunto y garantice el acceso a la salud de los miembros de la PFA y sus familias.
La pregunta que resuena entre los afectados es si las autoridades competentes, incluyendo al Presidente de la Nación y a la Ministra de Seguridad, están al tanto de la gravedad de la situación y si se tomarán medidas para asegurar que los fondos destinados a la obra social lleguen efectivamente a las prestadoras de salud.