El gobierno de Guillermo Montenegro aseguró que lleva adelante los controles debidos para garantizar el cumplimiento de la ordenanza que establece infracciones y multas a los servicios de transporte de personas sin habilitación municipal, es decir, a través de las apps digitales como Uber, Cabify y Didi.
Lo hizo en el marco de la causa judicial donde recientemente el Tribunal de Trabajo N°4 rechazó una medida cautelar pedida por la Federación Nacional de Conductores de Taxis para suspender el funcionamiento de dichas apps, aunque allí los jueces María José Beldarrain, Cecilia Bartoli y Alejandro Escobar le reclamaron a la Comuna que “en forma inmediata” tome las “medidas pertinentes” para fiscalizar el cumplimiento de la Ordenanza 23.928.
A través de un oficio firmado por el director general de Transporte, Federico Chioli, se aseguró que “la Municipalidad de General Pueyrredon cumple y hace cumplir a través de las áreas correspondientes toda normativa vigente en legal tiempo y forma”, lo que incluye la ordenanza en cuestión.
“Desde el año 2019 se han realizado aproximadamente 55.000 actuaciones en vía pública e inspecciones, dentro de las cuales se incluyen las llevadas a cabo en razón de la Ordenanza 23.928, con lo que queda debidamente acreditado el actuar de la dependencia municipal”, aseguró sintéticamente el funcionario, sin dar mayores precisiones.
La postura oficial contrasta con lo que vienen denunciando las entidades que nuclean a taxistas, quienes aseguran que en los últimos años el Municipio dejó de realizar controles, habilitando de hecho el funcionamiento de las apps. Por caso, apuntan que son nulos los secuestros de vehículos y la aplicación de multas contra infractores, a diferencia de lo que ocurrió durante el primer tiempo en que estuvo vigente la ordenanza.
En ese marco, recientemente las principales empresas de taxis y remises elevaron una nota a Chioli solicitando una serie de “medidas urgentes y concretas”, que constan de la instalación de 30 puntos de control.
Entre las distintas medidas sugeridas, sugieren reforzar operativos de tránsito para detectar y sancionar a los vehículos que prestan servicios ilegales; la imposición de multas económicas severas tanto al conductor como al titular del vehículo involucrado y fiscalización permanente en zonas “críticas” como el aeropuerto local, la terminal ferroautomotora, boliches, clínicas, shoppings y eventos, además de operativos en diez puntos fijos.
También solicitan la publicación mensual de resultados de los operativos contra Uber, Didi y Cabify; la creación de una línea de denuncias anónimas para informar sobre el funcionamiento de autos ilegales; campañas públicas que informen a vecinos y turistas sobre los riesgos de viajar en transporte no habilitado y promoción del uso exclusivo del taxi, remises y auto rural habilitados como transporte seguro, legal y fiscalizado.