La comunidad del barrio José Hernández, en Mar del Plata, vive momentos de gran tensión e incertidumbre ante la orden judicial de desalojo emitida por el juez federal Alfredo López. La medida afecta a terrenos ocupados desde hace aproximadamente tres años, ubicados en las proximidades de la Estación Transformadora, una zona crucial para el ingreso de líneas de alta tensión a la ciudad.
Según testimonios de los vecinos, el desalojo podría impactar a cerca de 200 familias que residen en un predio de 60 hectáreas. La preocupación se centra en el destino de estas familias, muchas de las cuales no tienen alternativas habitacionales. Celeste, una residente del lugar desde 2022, expresó con angustia: “Si nos sacan, ¿a dónde vamos?”. La incertidumbre sobre el futuro inmediato es palpable en la comunidad.
La orden de desalojo se fundamenta en una demanda presentada por Transba SA, la concesionaria de la Estación Transformadora, en 2023. La medida judicial abarca tres lotes situados entre la Avenida Carlos Gardel y las calles Ortiz de Zárate y San Salvador. Estos terrenos se encuentran dentro de las llamadas “franjas de seguridad”, áreas reguladas por la Ley 19.552 que prohíbe la construcción a menos de 15 metros de las líneas de alta tensión, con el objetivo de proteger tanto la integridad de las personas como la infraestructura eléctrica.
En marzo, se realizó una notificación a los vecinos para que abandonaran voluntariamente los predios. Ante la falta de cumplimiento, el juez López ordenó el desalojo forzoso, justificando la medida en el peligro para la vida de los residentes y el riesgo para las instalaciones eléctricas. Si bien inicialmente circuló el rumor de que el desalojo se llevaría a cabo de forma inminente, fuentes oficiales desmintieron esta información.
La comunidad se encuentra movilizada y analizando la situación, conscientes de la fragilidad de su situación. La mayoría de las familias afectadas tienen hijos menores, lo que agrava la problemática social. A pesar del peligro inherente a vivir bajo líneas de alta tensión, algunos vecinos minimizan los riesgos, argumentando que no han experimentado problemas de salud. Sin embargo, la preocupación por la pérdida de sus hogares y la falta de alternativas habitacionales sigue siendo el principal foco de angustia.
Aunque aún no se ha confirmado una fecha para el operativo, se espera que cuente con el apoyo de Gendarmería y personal de Zoonosis, debido a la presencia de animales en la zona. La Oficina de Mandamientos y Notificaciones será la encargada de coordinar el desalojo. La incertidumbre persiste entre las 200 familias, quienes temen perder sus hogares y quedar desamparadas.