Desregulación de Aranceles en Colegios Privados Argentinos: Un Nuevo Panorama Educativo

El gobierno argentino ha implementado una medida trascendental que redefine el panorama de la educación privada en el país: la desregulación de los aranceles que cobran los colegios privados. Esta decisión, formalizada a través del Decreto 787/2025, implica la derogación del Decreto 2417/1993, que durante décadas había establecido un marco regulatorio para la relación entre el Estado y las instituciones educativas de gestión privada.

La derogación del decreto de 1993 marca un punto de inflexión en la política educativa argentina. El decreto anterior, que buscaba establecer pautas y controles sobre las escuelas privadas, es considerado por el gobierno actual como un obstáculo para la adaptabilidad y el desarrollo de estas instituciones en un entorno económico dinámico. Se argumenta que las restricciones impuestas dificultaban la capacidad de los colegios privados para responder a las fluctuaciones del mercado y las necesidades cambiantes del sector educativo.

¿Qué Implica la Desregulación?

La desregulación implica, fundamentalmente, la eliminación del control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados. Bajo el régimen anterior, los colegios estaban obligados a comunicar anticipadamente cualquier modificación en sus aranceles y a obtener autorización previa para implementarlos. Esta obligación desaparece con la entrada en vigor del nuevo decreto, otorgando a los colegios privados una mayor autonomía en la gestión de sus finanzas.

Sin embargo, es importante señalar que, en algunas jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial aún mantiene la potestad de regular los aumentos de las cuotas. Por lo tanto, el impacto de la desregulación podría variar según la provincia en la que se encuentre el colegio.

Fundamentos de la Decisión

El gobierno justifica la desregulación argumentando que el decreto de 1993 imponía “limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. Se sostiene que el régimen anterior respondía a una época en la que la educación estaba centralizada bajo la administración nacional y que, con el traspaso de competencias a las provincias, era necesario revisar el marco normativo para promover un entorno más favorable a la gestión de los establecimientos privados.

Además, el gobierno considera que la intervención estatal en la fijación de aranceles ha generado efectos contraproducentes, afectando el funcionamiento y la viabilidad económica del sector. Se argumenta que la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar las cuotas limitaba la capacidad de los colegios para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y ajustar sus precios de acuerdo con los costos operativos reales.

Libertad de Precios y Autonomía Institucional

Un principio fundamental que subyace a la desregulación es la defensa de la libertad de precios y la autonomía institucional. El gobierno considera que los establecimientos privados deben tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin requerir autorización estatal. Esta visión se basa en la defensa del derecho de propiedad y en la convicción de que la rigidez de los controles puede afectar la calidad educativa, al impedir que los colegios respondan con agilidad a los incrementos de costos de insumos y salarios.

Posibles Implicaciones y Desafíos

La desregulación de los aranceles en los colegios privados abre un nuevo capítulo en el sistema educativo argentino. Si bien se espera que esta medida impulse la autonomía y la eficiencia de las instituciones privadas, también plantea interrogantes sobre el acceso a la educación para las familias de bajos recursos. Es fundamental que el gobierno implemente políticas complementarias para garantizar que la desregulación no genere disparidades en el acceso a una educación de calidad.

El futuro de la educación privada en Argentina dependerá de la capacidad de los colegios para gestionar su autonomía con responsabilidad y de la voluntad del gobierno para garantizar la equidad y la inclusión en el sistema educativo.