La justicia ha confirmado la detención de dos individuos, Fabio Rodríguez Torres y Gustavo Godoy, acusados de amenazar a una mujer y agredir a su hijo en relación con un préstamo informal en el barrio Alfar. La decisión judicial, en concordancia con la solicitud del fiscal Luis Ferreyra, mantiene a los imputados alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Tras su negativa a declarar, aconsejados por sus abogados defensores, Simón García Méndez y Jimena Savioli, la defensa solicitó la excarcelación de Rodríguez Torres y Godoy. Los abogados argumentan que la pena en expectativa no justifica la detención, sumado a la falta de antecedentes penales, el arraigo de ambos en la ciudad y la inexistencia de riesgo procesal.
En un fragmento del escrito presentado, la defensa enfatizó: “En lo que respecta al comportamiento procesal, es fundamental destacar que, según las propias actuaciones policiales, los señores Rodríguez y Godoy colaboraron ampliamente con el procedimiento y el personal policial interviniente, sin oponer resistencia ni ejercer violencia, acatando todas las indicaciones recibidas.”
Además, la defensa propuso una serie de condiciones adicionales, sujetas a la aprobación de la Justicia, para la eventual excarcelación. Estas condiciones incluyen la prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la denunciante y su familia, la obligación de mantener los domicilios declarados sin ausentarse o mudarse por más de 48 horas, y la presentación de dos personas como garantes.
Si bien la fiscalía imputa a Rodríguez Torres y Godoy los delitos de tentativa de extorsión, amenazas y lesiones leves, los abogados defensores adelantaron su intención de solicitar un cambio de calificación. “Consideramos que las lesiones no están debidamente probadas, ya que no existe constancia alguna de ello en el expediente, y las conductas desplegadas no alcanzan para configurar el delito de extorsión”, señalaron.
La defensa argumenta que “la gravedad de las amenazas y el beneficio indebido o ilegal exigido por el sujeto activo, elementos constitutivos del tipo penal de extorsión, no se materializan en este caso. En todo caso, podría configurarse un delito de coacción en los términos del artículo 149 bis.”
El incidente se originó a partir de la denuncia presentada el lunes por una mujer de 54 años, quien relató en la comisaría decimotercera haber sido objeto de amenazas por parte de un grupo de prestamistas. La mujer había solicitado un préstamo de 350 mil pesos, con un plazo de pago de seis semanas. El acuerdo incluía una cláusula que establecía una penalización de 15 mil pesos diarios por cada día de retraso en el pago.
La denunciante manifestó que, al no poder cumplir con el pago de la cuota, comenzó a recibir mensajes amenazantes a través de WhatsApp. En estos mensajes, se le advertía que el cobro se realizaría “por las buenas o por las malas” y que irían a su domicilio “sin importar quién esté adentro del lugar”. Poco después, los dos imputados se presentaron en la vivienda y amenazaron al hijo de la denunciante, llegando incluso, según el parte policial, a perseguirlo y agredirlo físicamente.
En la resolución emitida este miércoles por la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos, se convalidó también el secuestro de los teléfonos celulares de los imputados, los cuales serán sometidos a análisis en una fecha aún por definir, previa notificación a la defensa. Asimismo, se confirmó el secuestro del automóvil Peugeot 208 Feline en el que se desplazaban los acusados.
La Jueza Bustos formó un incidente a partir de la solicitud de excarcelación presentada por la defensa y, considerando la fecha del primer hecho denunciado, se inhibió de continuar con la causa, remitiendo las actuaciones al Juzgado de Garantías N°5 a cargo de Gabriel Bombini.