La historia de una docente de Mar del Plata ha puesto de manifiesto las demoras y dificultades que algunos afiliados enfrentan con el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la provincia de Buenos Aires. La mujer denuncia una espera de más de dos años para la autorización y cobertura de una cirugía bariátrica, a pesar de contar con un fallo judicial favorable que ordena a la mutual a cubrir la intervención.
La docente relata que inició el trámite hace más de dos años, invirtiendo un año completo en reunir y presentar la documentación requerida por IOMA. “Arranqué el trámite hace más de dos años. Un año me llevó completar toda la carpeta con los requisitos que ellos pedían”, explica. Tras la presentación, se le informó que en un plazo de dos meses se confirmaría la aprobación. Sin embargo, la implementación de un nuevo sistema de gestión por parte de IOMA, que involucraba una gerenciadora externa, resultó en la suspensión del proceso y el traslado de su expediente a la ciudad de La Plata.
La situación la obligó a reiniciar el trámite desde cero, esta vez en formato digital. “El año pasado me volvieron a evaluar y me confirmaron que era candidata a un bypass gástrico. Tenía fecha de operación para el 29 de marzo, hice la dieta líquida y todos los estudios prequirúrgicos. Pero al doctor no le pagaron más y todo se frenó”, detalla la docente, evidenciando la frustración y el impacto en su salud.
Ante la falta de respuestas y la prolongada demora, la abogada de la docente presentó un recurso de amparo. La justicia falló a su favor, ordenando a IOMA a cubrir la cirugía. No obstante, la orden judicial no se ha cumplido. “Hace un año que Ioma no cumple con la medida cautelar. Me piden todos los meses que el doctor vuelva a hacer el presupuesto, se vence y así me tienen. Yo aporto todos los meses y no puedo cambiar de obra social. Somos rehenes de Ioma”, expresa con indignación, reflejando la impotencia ante la situación.
La docente también manifiesta su preocupación por las alternativas que le ofrece la obra social. Según relata, se le sugirió la posibilidad de ser operada en La Plata, pero el testimonio de otros pacientes la disuade. “Me dijeron que podía ir a La Plata, pero el doctor me contó que una chica fue operada allá, le perforaron el intestino y casi muere. Yo no quiero pasar por eso. Solo pido que le paguen al médico y me dejen operarme donde corresponde”, afirma, priorizando su seguridad y bienestar.
La mujer subraya la urgencia de la cirugía, respaldada por la certificación médica. “El doctor ya certificó que la cirugía es urgente, pero nada se mueve. La salud no tiene tiempo para esperar”, concluye, haciendo hincapié en el deterioro de su calidad de vida y el riesgo que implica la demora en la intervención. Además, señala que su caso no es aislado, y que al menos otras quince personas se encuentran en una situación similar de espera y desatención por parte de IOMA.
Esta historia pone de relieve la importancia de garantizar el acceso oportuno a la salud y la necesidad de que las obras sociales cumplan con sus obligaciones, especialmente cuando existen mandatos judiciales que protegen los derechos de los afiliados. La salud no puede esperar, y la calidad de vida de las personas no debe verse comprometida por demoras burocráticas o falta de respuesta por parte de las instituciones responsables.