La gestión de la seguridad pública, con sus desafíos inherentes, no es para todos. Un caso reciente en Mendoza ilustra esta realidad de manera contundente. Un agente de policía, con poco más de un año y medio de servicio, se vio envuelto en una situación inusual que culminó con su desvinculación de la fuerza. El motivo, según sus propias palabras, fue el “estrés” y la sensación de verse “sobrepasado” por las exigencias del trabajo.
El protagonista de esta historia, Gonzalo Ponce, había ingresado a la Policía de Mendoza en septiembre de 2023. Sin embargo, su trayectoria en la institución fue breve. En noviembre de 2024, Ponce tomó una decisión drástica: se presentó ante sus superiores y entregó su arma reglamentaria y el chaleco antibalas, equipo provisto por el Estado provincial. Su justificación fue clara: el trabajo le generaba una sobrecarga y un nivel de estrés insoportable.
La respuesta del gobierno provincial no se hizo esperar. A través del decreto 1503, publicado en el Boletín Oficial el 15 de julio, el gobernador Alfredo Cornejo formalizó la no confirmación de Ponce en su cargo. La justificación oficial para esta decisión apuntó a la falta de “adaptación y subordinación” por parte del agente.
La legislación provincial, específicamente la ley 6722, establece un período de prueba de 12 meses para todo nuevo ingreso a la fuerza policial. Durante este tiempo, el desempeño del agente es evaluado para determinar si cumple con los requisitos necesarios para ser confirmado en su puesto. Esta confirmación se basa en el cumplimiento de las funciones asignadas por la superioridad, dentro del marco reglamentario establecido.
Además, la ley exige que los agentes demuestren “idoneidad, adaptación, subordinación y aptitud”. Estas cualidades son evaluadas por un equipo técnico, siguiendo los lineamientos establecidos en la reglamentación. En el caso de Ponce, si bien su legajo no presentaba inhibiciones ni sanciones disciplinarias, y la Inspección General de Seguridad no tenía sumarios pendientes en su contra, la evaluación final determinó que no cumplía con los requisitos de adaptación y subordinación necesarios para permanecer en la fuerza.
La decisión de no confirmar a Ponce en su cargo pone de relieve la importancia de la salud mental y la capacidad de adaptación en el desempeño de funciones policiales. Si bien el estrés es una realidad presente en muchos ámbitos laborales, en el contexto de la seguridad pública, puede tener consecuencias significativas tanto para el agente como para la comunidad a la que sirve.
Este caso sirve como un recordatorio de la necesidad de brindar apoyo psicológico y herramientas de gestión del estrés a los miembros de las fuerzas de seguridad. La salud mental de los agentes es fundamental para garantizar un servicio eficiente y profesional a la ciudadanía. Asimismo, destaca la importancia de los procesos de selección y evaluación para asegurar que los aspirantes a la fuerza policial cuenten con las aptitudes y la resiliencia necesarias para afrontar los desafíos inherentes a esta profesión.
En definitiva, la historia de este policía mendocino que renunció por estrés, y cuya baja fue avalada por el gobernador, plantea interrogantes sobre la preparación y el acompañamiento que se brinda a los agentes de seguridad, así como sobre los mecanismos de evaluación para garantizar que quienes portan un arma y tienen la responsabilidad de proteger a la sociedad estén capacitados para manejar la presión y el estrés que implica esta labor.