Exonerado Subcomisario en Mendoza por Allanamiento Ilegal y Concusión
Un ex subcomisario de la policía de Mendoza ha sido exonerado de su cargo tras la confirmación de una condena por allanamiento ilegal y amenazas. Miguel Andrés Salinas Ortiz fue hallado culpable de realizar una pesquisa sin la debida orden judicial en una residencia ubicada en Luján de Cuyo, en el año 2020.
La medida de exoneración se formalizó a través de la Resolución N° 5151, publicada en el Boletín Oficial de la provincia. Esta resolución se fundamenta en la firmeza de la condena impuesta a Salinas Ortiz, que incluye una pena de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa superior al millón de pesos.
La justicia determinó que Ortiz fue penalmente responsable del delito de allanamiento ilegal, en concurso real con el delito de concusión. Los hechos se remontan al 24 de abril de 2020, cuando el entonces subcomisario, junto a otros tres efectivos policiales, llevó a cabo un allanamiento sin la correspondiente autorización judicial. Durante este procedimiento, se constató la comisión del delito de extorsión.
En febrero de 2023, Salinas Ortiz ya había recibido una sanción de cesantía sujeta a exoneración. Ante esta medida, el ex subcomisario interpuso un recurso jerárquico, que fue admitido formalmente. Sin embargo, dicho recurso fue posteriormente rechazado en lo sustancial a través del Decreto N° 1590.
La situación legal de Salinas Ortiz se complicó aún más en abril de 2023, cuando fue acusado de amenazar a compañeros policiales que lo investigaban en relación con la causa original por el allanamiento ilegal. Estas amenazas agravaron su situación y contribuyeron a la decisión final de exonerarlo.
La resolución de exoneración fue firmada por María Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza. A partir de la notificación, Miguel Andrés Salinas Ortiz dispone de un plazo de quince días hábiles para interponer recursos administrativos de revocatoria o jerárquico, en un intento por revertir la decisión de exoneración.
Este caso pone de manifiesto la importancia del respeto a los procedimientos legales y la necesidad de garantizar la transparencia y la legalidad en el accionar de las fuerzas de seguridad. La condena y posterior exoneración de Salinas Ortiz envían un mensaje claro sobre la intolerancia a la corrupción y el abuso de poder dentro de la policía de Mendoza.
La investigación y posterior sanción de este tipo de conductas contribuyen a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y a garantizar el estado de derecho en la provincia.