Extensión del Contrato de Recolección de Residuos y Declaración de Emergencia: Un Debate en el Concejo Deliberante

En una reciente sesión, el Concejo Deliberante ha tomado una decisión crucial respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. Se ha aprobado la prórroga del contrato de concesión a la empresa Transporte 9 de Julio por un período de dos años, con la posibilidad de extenderse por dos años adicionales. Esta medida viene acompañada de la declaración de la Emergencia Económica-Financiera, lo que implica que la empresa concesionaria deberá implementar un plan de desvinculación de parte de su personal.

La votación en el Concejo Deliberante reflejó una clara división política. La propuesta fue respaldada por 13 votos provenientes de los bloques del Pro, la UCR y la Coalición Cívica. En contraposición, 9 votos se opusieron, correspondientes a los bloques de Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense. Un aspecto llamativo fue la abstención del bloque de La Libertad Avanza, que optó por no respaldar el proyecto impulsado por el intendente Guillermo Montenegro.

El contrato vigente, firmado en enero de 2016, tenía una duración inicial de ocho años. En 2024, el intendente ejerció la opción de prórroga por dos años adicionales. Durante este tiempo, se esperaba la presentación de un nuevo Pliego de Bases y Condiciones para licitar el servicio. Sin embargo, ante la ausencia de un proyecto de nueva concesión, la posibilidad de una prórroga por fuera del contrato original fue ganando terreno.

El argumento principal esgrimido por el gobierno para justificar la extensión del contrato se basa en la preocupación planteada por el Sindicato de Camioneros. Según el sindicato, el Municipio debería asumir el costo de las indemnizaciones al personal en caso de interrupción del contrato, una cifra estimada en 30 mil millones de pesos.

Según el gobierno, la eventual obligación de afrontar este pago generaría un desequilibrio financiero de tal magnitud que comprometería seriamente las finanzas municipales, la situación presupuestaria y el normal funcionamiento de la administración local. Esta situación, según el Ejecutivo, justifica la declaración de la emergencia económico-financiera.

En el transcurso de los próximos 24 meses, la empresa concesionaria deberá llevar a cabo un “plan de desvinculación sostenible”, que incluirá retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Esta medida plantea interrogantes sobre el impacto que la reducción de personal podría tener en la calidad del servicio de recolección de residuos.

Durante el debate en la sesión del Concejo Deliberante, Florencia Ranellucci (Pro) destacó que la prórroga busca garantizar la continuidad del servicio, considerándolo fundamental para la calidad de vida y la salud de la comunidad. Subrayó que la emergencia declarada tiene como objetivo asegurar la prestación del servicio.

Sin embargo, los críticos de la prórroga cuestionan la validez del argumento de las indemnizaciones, argumentando que existe el concepto de “continuidad contractual” establecido en la Ley de Contrato de Trabajo. Este principio implica que, en caso de una nueva licitación, el nuevo concesionario estaría obligado a absorber a los trabajadores de la empresa anterior, respetando su antigüedad y derechos.

De hecho, el pliego del contrato vigente establece en su Artículo 52° que la empresa concesionaria debe “absorber a todo el personal operativo y administrativo no jerárquico que al momento de la adjudicación esté prestando servicio en la anterior adjudicataria”. Si bien esta cláusula no fue necesaria en el contrato actual debido a la continuidad de la misma empresa, los concejales críticos temen que la extensión de la prórroga con este argumento siente un precedente jurídico peligroso, abriendo la puerta a que otros concesionarios reclamen extensiones similares.

Eva Ayala (Acción Marplatense) criticó la falta de planificación a largo plazo por parte del intendente, argumentando que se podría haber licitado un servicio serio, transparente y modernizador que brindara seguridad a los trabajadores, a la empresa y a los vecinos. En su opinión, la prórroga es una improvisación que no ofrece certezas ni previsibilidad.

Valeria Crespo (Unión por la Patria) advirtió sobre el mal precedente que se está estableciendo, señalando que el vencimiento de un contrato no debería alterar la ecuación económica-financiera. Cuestionó la negligencia del intendente al no presentar un pliego para la licitación. Diego García, tras describir las deficiencias en el manejo de la problemática ambiental ligada a la recolección de residuos, concluyó que la verdadera emergencia es la que viven los vecinos.