La comunidad de Comandante Nicanor Otamendi, Argentina, se encuentra consternada y movilizada tras la reciente concesión de prisión domiciliaria a Adrián Buitrón, un hombre condenado a siete años de prisión por abusar sexualmente de tres amigas de su hija durante varias fiestas de pijamas. La decisión judicial ha generado una ola de indignación y protestas, con familiares de las víctimas y vecinos exigiendo que se revoque la medida y se cumpla la sentencia original.
El caso, que conmocionó a la pequeña localidad, se remonta a hechos ocurridos entre noviembre de 2019 y octubre de 2020. Durante las reuniones en la casa de Buitrón, el hombre aprovechó la vulnerabilidad de las menores para manosearlas y masturbarse frente a ellas. Los abusos salieron a la luz cuando una de las víctimas se animó a contar lo sucedido a una docente, quien alertó a las autoridades escolares y a los padres de las niñas.
Tras un proceso judicial, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata encontró a Buitrón culpable de los delitos imputados. Los jueces Ricardo Perdichizzi, Paula Soulé y Fabián Riquert, valoraron las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y los abogados de la querella, Maximiliano Orsini y Carlos Disipio, quienes representaron a las víctimas.
La sentencia condenatoria, dictada hace apenas dos semanas, había sido recibida con alivio por las familias de las víctimas, quienes esperaban que Buitrón cumpliera su condena en prisión. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, apenas 72 horas después del fallo, se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, generando una profunda sensación de injusticia y temor.
Roxana, la madre de una de las víctimas, expresó su indignación ante la decisión judicial. “Cuando el Tribunal dictó la sentencia dijeron que era de efectivo cumplimiento y apenas 72 horas después firmaron la domiciliaria. Se saltaron muchos pasos, nos tendrían que haber dicho y queremos tratar que se revoque”, declaró.
Ante esta situación, familiares y allegados de las víctimas se han organizado para exigir la revocación de la prisión domiciliaria. Este lunes, se congregaron en la intersección de San Martín y Pueyrredón para marchar pacíficamente hasta la plaza principal de Comandante Nicanor Otamendi. La manifestación, que contó con el apoyo de gran parte de la comunidad, buscó visibilizar el reclamo y presionar a las autoridades judiciales.
“Algunos querían ir a la casa de él o la de su madre, pero no nos interesa porque nosotros solo queremos reclamar que no le den la prisión domiciliaria. Todo el pueblo está unido, todo el pueblo pidió que marchemos”, agregó Roxana, destacando el respaldo social a la causa.
Si bien el Tribunal consideró como atenuante la falta de antecedentes penales y una patología psiquiátrica del condenado, también tuvo en cuenta la gravedad de los hechos, el daño causado a las víctimas, el aprovechamiento del estado de indefensión de las niñas, la asimetría de poder y la violación de la confianza depositada en Buitrón por las familias.
Los abogados de las víctimas han presentado una apelación a la decisión de otorgar la prisión domiciliaria, argumentando que no existen razones suficientes para justificar la medida y que la seguridad de las víctimas y la comunidad se ven comprometidas. La comunidad de Comandante Nicanor Otamendi espera con ansiedad la resolución de la apelación, confiando en que se hará justicia y se revocará la prisión domiciliaria de Adrián Buitrón, asegurando que cumpla su condena en un establecimiento penitenciario.