El intendente de General Madariaga, Carlos Esteban Santoro, ha presentado una denuncia penal formal ante la unidad fiscal encargada de investigar delitos relacionados con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). La denuncia se centra en presuntas irregularidades detectadas en la prestación de servicios médicos a afiliados del PAMI en la región.
Santoro, acompañado por su secretario de salud, Amadeo Echeverría, el responsable de facturación del hospital local, Gonzalo Costa, y su asesor legal, Leandro Alonso, se reunió en Buenos Aires con Javier Arzubi Calvo, funcionario clave de la UFI-PAMI. El objetivo principal del encuentro fue detallar los fundamentos de la denuncia presentada el 19 de mayo, que señala una supuesta maniobra para trasladar la atención médica de los adultos mayores desde el hospital municipal hacia el Instituto Médico Madariaguense, una clínica privada.
Según la administración municipal, este traslado de pacientes se realizó de manera arbitraria, sin justificación y sin previo aviso a los afiliados. Esto no solo impactó negativamente en las finanzas del municipio, sino que también afectó la salud de los jubilados, evidenciándose un aumento en las tasas de internación hospitalaria a pesar de que el municipio gestiona una porción menor de la cápita total.
El gobierno local alega que situaciones similares se repitieron en diciembre de 2024 y abril del corriente año. Santoro expresó su preocupación por lo que considera una vulneración del derecho de los afiliados del PAMI a elegir libremente dónde recibir atención médica, un principio fundamental de la autonomía del paciente.
Sospechas de asociación ilícita
Las autoridades de Madariaga comenzaron a sospechar de irregularidades al observar patrones recurrentes: los afiliados con necesidades médicas más complejas eran atendidos dentro de la cápita municipal, mientras que aquellos con tratamientos más sencillos eran derivados a la clínica privada.
Esta situación ha llevado a la administración municipal a sospechar de la existencia de una posible asociación ilícita entre funcionarios del PAMI y la clínica privada, con el objetivo de beneficiar económicamente a esta última. La denuncia presentada por el municipio de General Madariaga marca un precedente, siendo la primera acción legal de este tipo contra la prestadora PAMI por maniobras similares.