La sombra de la corrupción se cierne sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con la citación a indagatoria del exfuncionario Diego Spagnuolo. Esta medida, ordenada por el fiscal federal Franco Picardi, se produce tras el levantamiento del secreto de sumario en una investigación que busca esclarecer presuntas prácticas de cohecho y direccionamiento irregular de compras dentro del organismo.
Spagnuolo no está solo en esta situación. Un total de quince personas, entre exintegrantes de la ANDIS y empresarios ligados a la provisión de medicamentos e insumos de alto costo, han sido convocados a declarar. La investigación apunta a desentrañar una posible red delictiva que habría inflado precios y favorecido a determinados proveedores en la adquisición de fármacos.
El núcleo de la investigación se centra en la sospecha del pago de sobornos a funcionarios públicos, maniobras que habrían impactado negativamente en el programa Incluir Salud. Este programa es crucial, ya que brinda cobertura médica a personas con pensiones no contributivas que carecen de otros seguros de salud, incluyendo adultos mayores y madres de siete hijos o más. El perjuicio causado a este sector vulnerable de la población agrava la gravedad de las acusaciones.
Ante las acusaciones, la defensa de Spagnuolo, liderada por el abogado Mauricio D’Alessandro, ha cuestionado la autenticidad de los audios que dieron origen a la denuncia. En un escrito presentado ante la Justicia, D’Alessandro argumenta que las grabaciones podrían haber sido manipuladas o incluso generadas utilizando inteligencia artificial. Spagnuolo niega reconocer su voz en los audios y asegura no recordar las conversaciones en las que se menciona un supuesto esquema de retornos del 3% en las compras de medicamentos.
Sin embargo, fuentes judiciales han indicado que existen más pruebas audiovisuales que podrían implicar a Spagnuolo en actividades ilícitas. Esta información contradice la versión del exfuncionario y añade mayor complejidad al caso. Paralelamente, Daniel Garbellini, quien fuera el número dos de la ANDIS, también ha sido citado a declarar. La investigación sugiere que Garbellini habría operado un sistema paralelo para la recepción de sobornos.
El detonante de la investigación fue la difusión de audios en un canal de streaming en agosto. En estas grabaciones, una voz atribuida a Spagnuolo describe pagos indebidos por parte de droguerías que proveen al Estado. Si bien en las conversaciones se mencionan a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, ninguno de ellos ha sido imputado en la causa hasta el momento.
La reacción del gobierno ante la controversia fue inmediata. El presidente Javier Milei destituyó a Spagnuolo de su cargo en la ANDIS tras la difusión de las grabaciones. Desde entonces, según fuentes cercanas, Spagnuolo no ha mantenido contacto con el presidente ni con otros miembros del gobierno. Actualmente, reside en un country en Pilar y ha retomado su actividad profesional como abogado.
La investigación continúa su curso, con la mira puesta en esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La gravedad de las acusaciones y el potencial impacto en el programa Incluir Salud exigen una investigación exhaustiva y transparente para garantizar la justicia y proteger los derechos de los beneficiarios.