En un día trascendental para la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia en Argentina, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictó sentencia en Tandil en el juicio conocido como “La Huerta”, referente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, cívica y eclesiástica. Este proceso judicial se centró en los delitos perpetrados en el circuito represivo del área 121, un entramado siniestro que incluyó 14 centros clandestinos de detención, entre ellos el tristemente célebre “La Huerta”, las comisarías primera y segunda de Tandil, la “Chacra de Méndez”, y las instalaciones del ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER).
Tras un extenso proceso judicial que se extendió por tres años, la justicia finalmente llegó para las víctimas y sus familiares. El tribunal, compuesto por los jueces Fernando Machado Pelloni, Nicolás Toselli y Luis Imas, y con la participación de los fiscales federales Santiago Eyherabide y Juan Pablo Curi, emitió un fallo contundente: ocho condenas, cuatro de ellas a prisión perpetua, marcando un hito en la lucha contra la impunidad.
Los Condenados: Rendición de Cuentas por Crímenes de Lesa Humanidad
El peso de la justicia recayó con particular severidad sobre los responsables de mayor jerarquía. Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado, quienes ocuparon cargos clave como jefes de las secciones de operaciones e inteligencia de la base aérea militar de Tandil, fueron sentenciados a cadena perpetua. Su rol en la planificación y ejecución de la represión quedó demostrado de manera irrefutable.
La misma pena máxima fue impuesta a Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret, cuya participación en los crímenes cometidos en el circuito represivo quedó plenamente acreditada durante el juicio. Estas condenas representan un mensaje claro: la justicia no olvida y persigue a los responsables de las atrocidades cometidas durante la dictadura.
Si bien las condenas a prisión perpetua fueron las más resonantes, el tribunal también dictó otras cuatro penas significativas. Martín Carlos Luzuriaga fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión, Luis Ernesto Benítez a 6 años y 9 meses, Roberto Jorge Casares a 6 años, y José Luis Álvarez a 5 años. Estas condenas, aunque menores en comparación con la prisión perpetua, representan un reconocimiento de su responsabilidad en los crímenes cometidos.
Además de las sentencias condenatorias, el tribunal también determinó algunas absoluciones, cuyos fundamentos serán dados a conocer el próximo 19 de diciembre. Este proceso de transparencia es fundamental para garantizar la legitimidad del fallo y para que la sociedad comprenda las razones detrás de cada decisión.
Un Juicio con Gran Significado Simbólico
La lectura del veredicto se llevó a cabo en el aula magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil, un espacio cargado de simbolismo y significado. La elección de este lugar permitió la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas y representantes de diversos organismos de derechos humanos de la región, quienes siguieron atentamente el desarrollo de la audiencia. La presencia de estas personas, cuyo sufrimiento y lucha han sido fundamentales para mantener viva la memoria, fue un recordatorio constante de la importancia de este juicio.
El fallo del tribunal no solo se limitó a las condenas individuales, sino que también reafirmó la calificación de los hechos juzgados como delitos de lesa humanidad. Asimismo, el fallo puntualizó sobre los hechos ocurridos en la localidad de Azul durante la noche del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando diversos sindicalistas fueron secuestrados, destacando la importancia de investigar y juzgar todos los crímenes cometidos durante la dictadura.
En total, se juzgaron los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 191 víctimas. Debido a su avanzada edad o lamentable fallecimiento, algunas de estas víctimas no pudieron brindar su testimonio de manera directa. A lo largo de 104 audiencias, se escucharon los testimonios de 213 personas, quienes con valentía y determinación compartieron sus recuerdos y experiencias, contribuyendo de manera invaluable al esclarecimiento de la verdad.
El Circuito Represivo: Un Mapa del Horror
El juicio “La Huerta” permitió reconstruir el mapa del horror que representó el circuito represivo del centro de la provincia de Buenos Aires. Además del centro clandestino “La Huerta”, este circuito incluyó el I.S.E.R., la quinta de los Méndez, la base aérea, las comisarías de Tandil, la delegación de la PFA, la unidad penal N° 7, la exestación del ferrocarril, el jardín maternal de Azul, la unidad penal N° 2 de Sierra Chica, el Monte Peloni, la comisaría de Las Flores y la comisaría de Olavarría.
Las víctimas de este circuito represivo provenían en su mayoría de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata, lo que evidencia la extensión y el alcance de la represión en la región.
Además, el juicio también abordó cinco tramos adicionales de casos que investigan crímenes de lesa humanidad contra trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda, revelando la participación empresarial en la represión y la necesidad de investigar a fondo estos vínculos.