Justicia para Trabajadores Explotados en Salta: Millonaria Indemnización Tras Revelaciones de Condiciones Inhumanas

En un fallo que sienta un precedente importante en la lucha contra la explotación laboral, un grupo de diez trabajadores que fueron víctimas de condiciones inhumanas en la provincia de Salta, Argentina, recibirán una compensación total de 15 millones de pesos. Esta indemnización busca reparar los daños físicos y psicológicos sufridos durante su tiempo de labor en una finca donde fueron sometidos a tratos degradantes.

Investigación Revela Condiciones de Vida Precarias

La investigación que condujo a este acuerdo reparatorio se inició en noviembre de 2023, a raíz de una inspección exhaustiva realizada en una propiedad rural ubicada en la localidad de Joaquín V. González, en el sur de la provincia. La inspección, llevada a cabo por la Policía local, agentes de la División de Fiscalización de Seguridad Social de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y personal del Gabinete de Asistencia a la Víctima, destapó una realidad alarmante.

Los trabajadores, dedicados a tareas de desmonte en la finca conocida como “Suri Blanco”, vivían en condiciones de extrema precariedad. La inspección reveló que dormían hacinados en un tráiler, utilizando cuchetas para maximizar el espacio. Las declaraciones de las víctimas pintaron un panorama desolador: no se les proporcionaban las herramientas necesarias para su trabajo, viéndose obligados a utilizar sus propios utensilios como picos, palas, hachas y machetes. Además, carecían de acceso a agua potable y condiciones de higiene básicas.

Explotación y Control: El Modus Operandi

La investigación también reveló el control ejercido sobre los trabajadores por parte del cabecilla de la organización, identificado como Ángel Gustavo Enríquez. Los trabajadores dependían de Enríquez para cualquier necesidad o urgencia. El empleador era responsable de transportar a los trabajadores desde la localidad de Las Lajitas hasta la finca, donde permanecían aislados durante períodos de 15 días antes de ser llevados de regreso.

El salario, aparentemente de $100.000 quincenales, se veía mermado por un descuento de $30.000 en concepto de alimentos, suministrados por el propio Enríquez, lo que agudizaba aún más la situación de vulnerabilidad de los trabajadores.

Acusación y Acuerdo Reparatorio

Ante la gravedad de los hechos, el fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar Ignacio Irigoyen, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, formalizaron cargos contra Enríquez por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, específicamente en la modalidad de captación y traslado. Este delito conlleva una pena que oscila entre los cuatro y los ocho años de prisión.

Finalmente, se llegó a un acuerdo en el que cada uno de los diez trabajadores afectados recibirá la suma de $1.500.000, totalizando los 15 millones de pesos, en concepto de reparación por los daños sufridos. El fiscal Toranzos explicó que esta compensación busca reparar los daños causados a la integridad física y psicológica de las víctimas.

El representante legal de los trabajadores calificó la resolución como “superadora”, resaltando la importancia de la reparación económica para las víctimas. El acuerdo fue homologado por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dando validez legal a la compensación.

Este caso pone de manifiesto la persistencia de la explotación laboral en el país y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para proteger los derechos de los trabajadores más vulnerables. La indemnización millonaria representa un paso importante hacia la justicia y la reparación para estas víctimas, pero también un llamado de atención para erradicar estas prácticas inaceptables.